Una familia que durante diez años ha vivido en un piso social de Los Colorines ha tenido que abandonar su casa por las amenazas de muerte de unos vecinos, a pesar de que el juzgado de instrucción número 3 ha dictado como medida cautelar una orden de alejamiento, pero los afectados no confían en que se pueda hacer efectiva.

Elisa Escobar y Santiago Fernández se apostaron ayer en la planta baja del Instituto Municipal de Servicios Sociales con cuatro de sus seis hijos (de entre 3 y 15 años) para pedir ayuda. Los afectados han solicitado a la Junta que les busque una vivienda en otra ciudad y, mientras tanto, que Servicios Sociales los ayude, aunque sea ofreciéndoles sitio en el Centro Hermano. Dos de los niños han dejado de ir al colegio estos días porque están escolarizados en Santa Engracia y temen represalias.

El origen de lo ocurrido se remonta al domingo 25 de octubre, cuando la familia afectada no estaba en su piso y una tía de Elisa la llamó avisándola de que un joven del bloque había fallecido y sus familiares la culpaban a ella de la muerte por haberle suministrado "una pastilla". A continuación, según consta en la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional, aporrearon la puerta, entraron y destrozaron la casa. Fue entonces cuando la afectada se dirigió a su vivienda acompañada de varios agentes y una vez allí un numeroso grupo de personas empezaron a insultarla y amenazarla, con frases como "te tenemos que matar a ti y a los tuyos". La policía la invitó a entrar en su coche y una mujer le lanzó un cuchillo, que no llegó a darle. El marido sí fue agredido por un menor, que le hizo varios cortes en un brazo.

Santiago Fernández explicaba ayer que durante todo el tiempo que llevan viviendo en este barrio nunca han tenido problemas, hasta ahora. "Aquí no hay problemas, pero como los tengas, te tienes que ir del barrio porque si no te matan", añadió Antonio Chacón, presidente de la Plataforma para la Recuperación de Los Colorines, que ha acompañado los últimos días a esta familia.

Tras reunirse ayer con el matrimonio, la concejala de Servicios Sociales, Rosario Gómez de la Peña, explicó a este diario que el ayuntamiento no tiene viviendas para ofrecerles y apuntó que los afectados tienen familiares en viviendas sociales en otras zonas de la ciudad y que no se trata de falta de recursos sino de "problemas personales" entre dos familias. Los afectados fueron desalojados del IMSS y la Policía Local les ofreció como solución provisional buscarles sitio en el Centro Hermano.