Juan María Vázquez, como presidente de la Comisión de Hacienda de la FEMP, se entrevistó el pasado fin de semana en Madrid con los directores generales de la Agencia Tributaria y el de Tributos, para preparar futuros convenios entre la Agencia Tributaria y los órganos recaudadores locales.

El fin es intercambiar información fiscal y facilitar el cobro de deudas con ayuntamientos y diputaciones, mediante la detracción de las cantidades correspondientes del pago de las devoluciones del IRPF. Vázquez aseguró que la FEMP mira por los intereses de los municipios y por tanto, por su recaudación y el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los ciudadanos. Pero la FEMP pretende también las multas de tráfico impagadas a la policía local, por el mismo procedimiento.

Preguntado sobre la legalidad de esta medida en caso de que requiera el embargo de las cuentas corrientes o de ahorro personales, y sobre la posible vulneración de derechos ciudadanos, Vázquez respondió que la FEMP defiende los intereses de sus asociados, los ayuntamientos, aunque reconoció la dificultad de tal medida, que algunos expertos consideran ilegal.