Un jurado popular juzga desde hoy en la sección segunda de la Audiencia Provincial al jefe de la sección de Tráfico y de Policía Urbana del Ayuntamiento de Badajoz, José Ramón Galván, acusado de cometer presuntamente un delito de cohecho. El fiscal pide la suspensión de empleo o cargo público por un año y el pago de una multa de 8.000 euros, mientras que la defensa niega la acusación y solicita la absolución del procesado, para lo que alega que los denunciantes se inventaron esta acusación "con alguna idea oscura que, incluso, pudiera tener tintes políticos".
Galván está acusado de solicitar a un empresario el pago de 8.000 euros a cambio de conseguir que el expediente sancionador incoado por el ayuntamiento a su empresa se paralizara.
Los hechos que se le imputan se originaron el 24 de octubre de 2001 cuando la empresa Transarpe S.L. dirigió un escrito al ayuntamiento para solicitar la licencia de instalación, apertura y funcionamiento de una planta de extracción y tratamiento de áridos. Mientras se incoaba el correspondiente expediente administrativo, comenzó a funcionar la sociedad en la gravera Vegas de Bótoa.
Cinco meses después se hizo una inspección y al no constar el expediente de apertura se dio un plazo a los interesados, dentro del procedimiento sancionador. Esto dio lugar a varios encuentros personales del acusado con socios de la empresa en el despacho que ocupaba Galván, quien solicitó dinero a los empresarios.
