El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción (FA), Antonio Romeral, recurrirá el archivo de la causa seguida contra los empresarios Angel Medrano y Rafael Alvarez Buiza y los funcionarios Carlos Benito y José María Martínez de la Concha, por los supuestos delitos de estafa continuada y contra la ordenación del territorio, en relación con el canal de Badajoz y construcciones en Golf Guadiana, según manifestó a este diario.

Romeral expresó su desacuerdo con el auto de archivo porque "la instrucción estaba en una fase inicial para comprobar los objetos de la querella" y porque hay hechos que no están incluidos y otros sobre los que no se ha hecho diligencia alguna.

La FA recurrirá hoy el auto, primero en reforma ante el propio Juzgado instructor y si fuera necesario, ante la Audiencia. Romeral afirmó que "no compartimos esa resolución en lo jurídico y los pormenores los haremos valer en el propio recurso".

Sobre la redacción y los términos en que se expresa el juez en el auto, el fiscal señaló que habrá "analizado en conciencia los elementos de prueba. Para nosotros la instrucción está inacabada y no es el momento procesal oportuno para el archivo".

SATISFACCION DE CELDRAN El alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, valoró el auto de archivo, por el que manifestó su "inmensa satisfacción", y agradeció los "encendidos elogios a los funcionarios imputados", lo que a su juicio se debe "a un intento del juez por reponer su honorabilidad y el daño causado, a ellos y a sus familias", dijo.

Celdrán señaló el valor de contar con funcionarios "tan competentes" y "su honestidad, honradez y merecida confianza". Leyó varios párrafos del auto (Ver el diario de ayer) y otros referidos a su equipo de gobierno, para defender a los entonces concejales Cristina Herrera y Ramírez del Molino, quienes, fueron sometidos "a todo tipo de acusaciones sin sonrojo" y a una exhaustiva investigación de todo su patrimonio y el de sus familias.

El alcalde dijo que el ayuntamiento ha quedado fuera de estos asuntos al comprobarse que nadie de su equipo de gobierno ha cometido irregularidad alguna, "penal ni administrativa". Y lamentó el daño causado a concejales, funcionarios, y a él mismo, por lo que pidió la dimisión de los denunciantes: Manuel Sosa, de IU, y José Ramón Suárez, del PSOE, "si es que les queda dignidad, vergüenza y hombría".

Si no dimiten, Celdrán hablará con los responsables de sus partidos para que los destituyan "porque no son dignos de representar a esta ciudad". Ni él, ni nadie de su gobierno, irán por la vía judicial contra los denunciantes porque "jugamos en el ámbito político", aunque hay "otros implicados que podrían hacerlo", dijo. Y criticó que estas acusaciones no cuesten nada.

CAUTELA DEL PSOE El portavoz socialista, Celestino Vegas, pidió "cautela porque parece que el fiscal recurrirá". Recordó que el PSOE se unió "a la denuncia de IU por el canal de Badajoz, la carpa y el apartahotel y en los tres casos la justicia ha dado la razón a la denuncia. Hoy el canal es patrimonio municipal; el apartahotel era realidad que no se hizo y la carpa se tuvo que demoler por sentencia. Todo ha sido beneficioso para el ayuntamiento".

Vegas aclaró que el PSOE denunció "hechos; no a las personas. Y fue el fiscal quien ha visto indicios de algún delito y deberá recabar o no lo que estime oportuno. No tenemos nada contra las personas; algunos de los imputados son amigos y queremos que se aplique la justicia y, a ser posible que sean absueltos". Su grupo, dijo, se siente "satisfecho porque los bienes fueron resarcidos al ayuntamiento y ahora decidirán los tribunales".

IU VOLVERIA A HACERLO Manuel Sosa, de IU, manifestó que solo la FA puede recurrir, o no, el auto pues él solo puso en su conocimiento hechos y datos que no comprendía y fue la fiscalía la que se querelló. No se pronunció sobre el auto por no haberlo leído. Sosa dijo que se alegra "por los funcionarios, y hasta ahí llego", para aclarar que él nunca se refirió a ellos en ningún documento, ni les ha denunciado, por lo que su inculpación fue una decisión de la FA.

El concejal de IU defendió su actuación, --"volvería a actuar de la misma manera", dijo-- pues de ella se deriva que el ayuntamiento dispone de "un patrimonio hoy que antes no tenía y que ha recuperado". Y eso, a pesar de que en el 2004 "el alcalde dijese que no reclamaría nada en relación con el canal de Badajoz, y tuviera que cambiar de opinión un año después, para reclamar a Jardines del Guadiana 1,8 millones de compensación".

En su opinión, los jueces no han dado la razón a la empresa "en nada todavía", pues están por resolverse causas pendientes y la propiedad del canal, según dijo, es municipal.

Sosa afirmó que pedir "explicaciones a IU por haber llevado el caso a la FA es desconocer que estamos en un Estado de derecho y que existe un cuarto poder". Y añadió que la actuación de la "fiscalía corrobora lo que habíamos visto nosotros".