La Fiscalía de Badajoz solicita la pena de 6 años de prisión para los tres acusados de una trama criminal de inmigración ilegal que introducía de forma clandestina a ciudadanos de Perú en Badajoz a cambio de importantes cantidades de dinero, que oscilaban entre 3.000 y 4.000 euros.
El fiscal en el escrito de acusación acusa a N.E.T, M.A.L y R.T.E, miembros de una misma familia de nacionalidad peruana, de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por favorecimiento de la inmigración y solicita para cada uno la pena de 6 años de prisión.
Igualmente, acusa a tres ciudadanos de nacionalidad española que colaboraron con ellos y pide para J.M.T.V la pena de 4 años de prisión y para A.D.B y A.J.M dos años para cada uno.
La Fiscalía de Badajoz indica que los tres principales acusados dirigían desde Badajoz "una trama criminal dedicada a facilitar la inmigración clandestina hacia España de ciudadanos peruanos".
En algunos casos, indica el escrito, exigían a estos a cambio "importantes cantidades de dinero que alcanzaban un montante por persona de entre 3.000 a 4.000 euros".
Para ello, bien directamente o a través de cooperadores españoles, presentaban ofertas y contratos de trabajo ante la Subdelegación del Gobierno en Badajoz que les permitían obtener "fraudulentamente" la autorización de residencia y de trabajo.
La captación de "inmigrantes ilegales", así como el alojamiento inicial de los mismos en Badajoz, retribuido, y la recaudación de las "ilícitas contraprestaciones económicas", eran desempeñadas por las dos mujeres, madre e hija.
Además les facilitaban el empadronamiento y, en ocasiones, los mismos finalmente trabajaban para una empresa de Santa Marta de los Barros en la que a su vez trabajaba el otro acusado, marido de la hija, quien "controlaba sus salarios y la prestación de horas extraordinarias".
Con estos acusados colaboraban dos empresarios y un compañero de trabajo del hombre, que, señala el ministerio Fiscal, "conocedores de la ilícita actividad que desarrollaban, se prestaron a figurar como empleadores de los inmigrantes", si bien los ciudadanos extranjeros en su mayoría no llegaban a desempeñar las tareas.
En total se han detectado 14 contratos de trabajo "fraudulentos", aunque no se ha podido comprobar que los ciudadanos españoles obtuviesen beneficio de ello.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz juzgará estos hechos el próximo miércoles, 2 de octubre.
