La Fiscalía de Menores de la Audiencia Provincial de Badajoz recibió el pasado año un total de 1.505 denuncias contra menores, 200 más que en el 2003. De las denuncias presentadas se incoaron 444 expedientes, de los que resultaron 234 sentencias condenatorias y 7 absolutorias. Estos datos fueron facilitados por la fiscal Sonia Gandolfo, quien mostró su preocupación por la falta de políticas y recursos dirigidos a la reinserción de menores infractores.

A pesar del aumento de las denuncias, "la gravedad de los delitos es más o menos la misma, hay muchas peleas pero no se puede decir que sean delitos muy graves o violentos". Los más habituales son las lesiones (411), los robos con fuerza (148), delitos de daño (148), hurtos (114), delitos contra la salud pública (20), contra la seguridad del tráfico (24), robos con violencia e intimidación (63) y delitos de violencia doméstica (44).

El aumento de la violencia familiar es lo que más preocupa a la fiscalía. En el 2004 se produjeron 44 casos de agresiones de menores a sus padres o algún otro miembro de la familia, cinco más que en el 2003.

DIFICULTADES El principal problema con que se encuentra la fiscalía es la dificultad para adoptar medidas con esos menores, ya que enviarles a un centro de reforma no es la solución y la libertad vigilada tampoco es fácil. En algunos casos se está recurriendo a la convivencia con grupo educativo y también se ha utilizado un piso tutelado que hay en Badajoz, "pero la Junta de Extremadura no está de acuerdo porque considera que a estos pisos sólo pueden ir los niños que están tutelados".

Sonia Gandolfo, que participó ayer en un curso de derecho del menor que imparte el colegio de abogados, recordó que el consumo de drogas y el absentismo escolar tienen una relación directa con la comisión de delitos y criticó que la Consejería de Educación "está haciendo poco con este problema, los robos muchas veces se cometen en horas escolares". En su opinión, la Junta no está desarrollando una labor muy eficaz en actuaciones de prevención y protección. Prueba de ello, dijo, es que muchos de los menores que estaban bajo la tutela de la Junta han acabado en el centro de reforma.

También se quejó de que el centro de reforma Marcelo Nessi se convierta en un "centro de contención" en lugar de trabajar más en profundidad la problemática de los niños. La fiscal reivindicó más implicación desde los colegios y los servicios sociales de los ayuntamientos.