La Fiscalía Superior de Extremadura ha abierto diligencias informativas para determinar responsabilidades en el caso del cartel que se colgó en la puerta del despacho del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Badajoz con insultos al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al ministro de Fomento, José Blanco, y a la senadora socialista Leire Pajín.
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), Aurelio Blanco, reconoció ayer que el 1 de junio le encomendó al fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Badajoz, Antonio Mateos, que se ocupara de los trámites "para averiguar quien colgó el cartel, si tenía autorización, de qué dependencias judiciales dependía y el grado de responsabilidad".
Esta investigación se ha abierto al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de injuria a la autoridad. Para ello se tomará declaraciones al denunciante, el letrado Felipe Martín, que ya ha sido citado por Antonio Mateos, y a los testigos. Además se pedirán informes al juez y la secretaria.
Los hechos sucedieron el pasado 27 de mayo cuando el abogado Felipe Martín pidió a los funcionarios del citado despacho que retirasen el cartel en el que aparecía una foto de Zapatero con la siguientes frases: "Menudo hijo de la grandísima puta...él, la Pajín, el Pepinho y toda esa panda de chupócteros desgraciados...Hala!!!!! A votarlos en las próximas elecciones...su pu...madre!!!".
Pero los funcionarios rehusaron hacerlo, por lo que Martín se dirigió a la secretaria de este juzgado, Juana Fuentes, quien también se negó a retirar el cartel "hasta que una autoridad no se lo dijera", según el abogado, quien tampoco pudo presentar un escrito de protesta porque ella se negó a sellarlo.
Esto llevó a Felipe Martín a presentar una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que solicitó que se retirara el cartel, --que se retiró el 1 de junio--, y se adoptasen las medidas disciplinarias correspondientes, si procedía, contra la secretaria.
Sin embargo, Aurelio Blanco, que ha actuado de oficio, aclaró que la responsabilidad disciplinaria es competencia del Ministerio de Justicia, "porque la secretaria no es la que hizo el cartel, su responsabilidad es que no admitió a trámite la queja formulada por el abogado, y eso no es un hecho delictivo, sí lo es la injuria al presidente del Gobierno".
El CGPJ abrió un expediente de quejas que se encuentra en vías de recabar información.
