El material probatorio habla por la víctima y si una persona mata a otra, debe ser castigado». Con esta frase terminó la exposición de sus conclusiones definitivas la fiscal en la última sesión del juicio contra J. J. V., acusado de matar al joven de Monesterio Ismael Iglesias el 21 de julio del 2017, para el que mantiene su petición de 12, 5 años de cárcel por homicidio con la atenuante de trastorno psíquico, así como el pago de indemnizaciones por valor de 180.000 euros.

Para el Ministerio Fiscal, tras las declaraciones de testigos y peritos, no existe «ningún género de duda» de que la intención del acusado era matar a la víctima, a quien apuñaló en el corazón «de forma plenamente consciente», lo que, según dijo, demuestran también que quisiera «rematarlo» una vez herido y que huyera del lugar, llevándose la navaja con la que presuntamente lo apuñaló y el bastón con el que se pegaron mutuamente «para ocultarlos». Asimismo, desechó la tesis de la legítima defensa, pues cree que si, como asegura la defensa, hubiera sentido «un miedo insuperable», se hubiera alejado de la víctima, pero, por el contrario, mantuvo una actitud desafiante. «No se hallaron lesiones de lucha o defensa en Ismael, lo que demuestra que lo pilló por sorpresa y no tuvo opción a defenderse», afirmó. También creyó acreditado que el arma pertenecía a J. J. V. y no al fallecido como sostiene la defensa, y que la «sacó del pantalón» para clavársela. «Es inverosímil que diga que la encontró en el suelo y al caer de rodillas lo pinchó», sostuvo.

Asimismo, la fiscal consideró demostrado que hubo amenazas de muerte previas por parte del acusado hacia la víctima, que en el momento de los hechos presentaba una «merma» de su capacidad volitiva, pero «en ningún caso anulación», y que en el relato que hizo de manera «espontánea» a los guardias civiles durante su custodia profirió frases muy reveladoras sobre sus intenciones, como «antes de que los curas vengan a mi casa, que vengan los civiles».

La acusación particular que representa a los padres de la víctima también mantuvo la petición de 15 años de cárcel para el acusado pues, a pesar de compartir casi en su totalidad las tesis de la fiscalía, consideró que no existe «situación que atenúe lo que ha hecho el acusado». Apoyó este argumento en que solo tres días antes de la pelea recibió el alta en la unidad de hospitalización de salud mental de Llerena, donde fue diagnosticado de un síndrome ansioso depresivo, «y con esa enfermedad no se puede alegar ningún atenuante. Es totalmente imputable, porque conoce y sabe lo que está haciendo», dijo.

También la acusación que representa a la novia del fallecido sigue pidiendo 20 años de cárcel por asesinato, pues adujo que lo mató «intencionadamente», con una puñalada «sopresiva» al corazón, «y eso no es homicido, es asesinato», señaló.

Por su parte, la defensa, que pide la absolución, insistió en que lo único que hizo el acusado fue defenderse, «pues si no ahora estaríamos a la inversa y la víctima sería él», y defendió que «nunca tuvo intención de matar». Añadió que el presunto agresor sufrió un miedo «incontrolable» en su enfrentamiento con Ismael, a quien insistió que pertenecía la navaja, porque este era más joven, «fuerte y atlético». Asimismo, en contra de lo que sostienen fiscalía y acusaciones particulares, argumentó que su cliente «tiene paranoia y eso lo lleva al descontrol y a esa reacción».

El jurado popular se reúne esta mañana para determinar su veredicto.