La Fiscalía Provincial y la Seguridad Social solicitaron ayer «el cierre y cese de actividad durante tres años» del club de alterne Halloween, de Badajoz. Así lo expusieron el representante del Ministerio Público y la letrada de la acusación particular en nombre de la Seguridad Social, al elevar sus conclusiones provisionales a definitivas en el juicio seguido ayer contra F. J. S. G., administrador único de la empresa Salas Extremeñas S. C., que gestiona su explotación, y contra J. M. J. E. P. como encargado, de nacionalidad portuguesa. Ambos están acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores, por los que el fiscal solicita 2 años de prisión para cada uno; la acusación particular pide 2 años y 2 meses, y la defensa la absolución. El cese de actividad conllevaría no poder abrir a nombre de otra empresa en ese domicilio.

La acusación se basa en la inspección realizada por Trabajo en octubre de 2017, que detectó la presencia de 13 mujeres, la mayoría extranjeras y una de ellas en situación irregular, dedicadas a captar clientes en ropa interior, sin estar dadas da alta en la Seguridad Social. Todas manifestaron a los inspectores que trabajaban durante el tiempo que estaba abierto el local a cambio del 50% del gasto en las consumiciones de los clientes; que tenían taquillas personalizadas y que algunas comían, dormían y vivían en habitaciones del propio club; y que había comedor y cocinera.

Y así lo ratificaron los inspectores en sus declaraciones ante el tribunal. También los policías nacional que los acompañaron.

AUSENCIA DE TESTIGOS / El juicio, suspendido en julio, se celebró ayer pese a la ausencia de 10 de las 13 mujeres citadas como testigos. Durante la vista, el empresario declaró que desconocía que el club había sido objeto de causas anteriores, al menos otras tres estando gestionado por otras

empresas. Dijo que cuando lo cogió dio la orden de acabar con el 50%, por lo que las mujeres «no eran trabajadoras», sino «clientes», que «si quieren van y si no, no», que las habitaciones eran camerinos y que «ellas pagaban sus copas».

J. M. J. E. P., que ya fue absuelto por una causa similar, afirmó que es «un simple camarero» y «no tenía poder» para intervenir en la gestión de la empresa ni sobre los contratos. A preguntas de la defensa, respondió que las mujeres «ejercían la prostitución allí como en cualquier otro sitio».

Asimismo, una de las tres que declararon como testigos señaló que no recibía indicaciones de

nadie y que lo que ganaba era para ella, y a preguntas de la acusación respondía «no sé», o bien guardaba silencio.

Otra admitió que trabajaba por el 50% de las copas de los clientes; y una más contó que fue un

solo día, que fue un solo día coincidiendo con la inspección, que se asustó y no volvió, y no reconoció a los acusados como alguna de las personas que le pagó.

El fiscal y la acusación concluyeron que se trataba de delito contra los derechos de los trabajadores y la defensa, que «las testigos han declarado que no tenían relación y no se ha probado la existencia del delito».