La brecha está abierta. El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, tachó ayer de «inoportunas» las declaraciones del presidente de la diputación Miguel Ángel Gallardo, anunciando que las localidades que incumplan la Ley de Memoria Histórica con su topónimo no recibirán ayudas de la institución provincial, en referencia a Guadiana del Caudillo y Villafranco del Guadiana, siendo esta última una pedanía de Badajoz. Fragoso reprochó a Gallardo que «quiere ser juez y parte y respeta muy poco la democracia», al tiempo que le dijo que «no es nadie para decir si cumplimos o no la Ley de Memoria Histórica», pues el alcalde de Badajoz insistió en que el nombre de Villafranco no tiene que ver con ensalzar la dictadura, como han puesto de manifiesto las firmas de más del 80% de sus vecinos.

«Quien se está convirtiendo con este tipo de afirmaciones en un dictador es él, al intentar imponer por la vía de la distribución de los fondos públicos». Según Fragoso, quien debe determinar si el nombre tiene que cambiarse «debe ser un juez y él (Gallardo) no es juez». La ley se aprobó hace 10 años, y según Fragoso, «nunca ha habido ningún problema» con las ayudas de la diputación a estos pueblos. «Es alentar polémicas falsas».

Por otra parte, el PP de Guadiana del Caudillo ve “ilegal a todas luces” la decisión de la diputación y ha criticado las declaraciones “chulescas” de Gallardo. En este sentido, el PP de Guadiana ha presentado una moción al pleno del ayuntamiento de esta localidad pidiendo al presidente de la diputación “que no lleve a efecto las amenazas de retirar subvenciones a Guadiana del Caudillo” y facultando a su alcalde, Antonio Pozo, “para iniciar las medidas que considere oportunas en defensa de los intereses de nuestro pueblo”. Esta moción se debatirá esta tarde.

También la Plataforma Vecinal en Defensa de Villafranco del Guadiana calificó ayer de «inaceptables» las declaraciones de Gallardo, cuya actitud tilda de «indecente». El portavoz de la plataforma, Juan Daniel Sánchez, recordó que quien debe decidir si estos pueblos cumplen o no con la Ley de Memoria Histórica son los jueces. Además, aluden a la «contradicción» del presidente de la diputación por no vetar a los municipios que en su callejero cuentan con nombres que aluden a la dictadura. H