Por mucho que insista Vox con sus escritos al Ayuntamiento de Badajoz en que la expulsión del partido de su único concejal, Alejandro Vélez, es un hecho, la situación del grupo municipal no ha variado, según señaló ayer el alcalde pacense, Francisco Javier Fragoso. Vox remitió el lunes un nuevo escrito firmado por Marta Castro Fuentes, vicesecretaria nacional jurídica, del que Fragoso tuvo conocimiento y ya estaba en manos de los servicios jurídicos y técnicos del ayuntamiento para evaluarlo. Pero el alcalde tiene claro, y así lo manifestó, que «igual que yo no me meto en la vida interna de Vox, Vox no se va a meter en la vida interna del ayuntamiento».

Según Fragoso, existe amplia jurisprudencia sobre estos casos, con sentencias del Supremo, que posiblemente no se conoce en partidos «que son muy nuevos» y que recogen cómo se deben tratar, cuáles son los procedimientos y en qué momento son ejecutivas cada una de las decisiones, que en el ámbito administrativo tienen una importancia «y uno no puede estar hoy sí y mañana no».

En el nuevo escrito, Vox insta al alcalde a que «cumpla la ley y respete la normativa interna de nuestro partido» para que «de manera inmediata active el protocolo legal, dado que el señor Vélez ya no representa a Vox y, por lo tanto, en el pleno debe ser considerado concejal no adscrito». Insiste además en que se disuelva el grupo municipal de Vox, se rescinda el contrato al secretario del grupo, Antonio Pozo, «y los medios materiales y económicos del grupo municipal Vox sean intervenidos por esa autoridad».

«absoluto respeto» / Fragoso declaró su «absoluto respeto» a estas peticiones, pero puntualizó que cada vez que llegue un escrito se remitirá a los servicios técnicos para que lo evalúen «y a partir de ahí se actúe». Eso significa que el alcalde no da ni quita la razón a Vox, «porque son procedimientos internos que no deben afectar a la vida de la casa». En todo caso, las consecuencias que pueda tener en la corporación, «no van a ser ellos quienes las digan, sino la propia interpretación que hagan la secretaría general y los servicios jurídicos». El argumento de Fragoso es que existe una controversia entre lo que le trasladan las dos partes: por un lado el partido y por otro el abogado de Vélez, «y yo tengo una serie de obligaciones que me marcan los propios tribunales a la hora de tomar actos administrativos en los cuales puede haber una duda». Pues igual que cree a la dirección nacional de Vox cuando insiste en la expulsión de Vélez, «también me tengo que creer lo que los abogados del concejal me trasladan, que tienen un recurso que no se ha resuelto», recalcó.

«Yo no soy nadie para meterme en la vida interna de un partido -subrayó- pero sí tengo la obligación de ver que los requisitos formales que marcan sus estatutos los han cumplido, es lo que me tienen que demostrar ellos», para que si al final acaban en vía judicial, «se sepa de quién es la responsabilidad».