El G-9 denuncia la dificultad de renovar la plantilla de docentes e investigadores

Estos son dos de los siete puntos que abordaron en sus conclusiones, elaboradas por las distintas mesas de trabajo de los vicerrectores de Investigación de la universidades que forman el G-9: las de Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, de las Islas Baleares, de Oviedo, del País Vasco, la pública de Navarra, la de Zaragoza y la de La Rioja. Todas son las únicas universidades públicas de sus respectivas comunidades. Y trabajaron en nueve grupos formados por más de 80 personas para elaborar sus respectivos informes.

EXTREMEDURA / En relación a Extremadura y a su universidad, González Lena señaló que «la principal fortaleza en materia de investigación que tenemos son las infraestructuras, estamos bien dotados en este sentido», mientras que «la gran debilidad es el personal; los investigadores más potentes tienen una cierta edad y no está garantizado el relevo», afirmó.

Sobre posibles soluciones, señaló la «acabar con las limitación que impone la tasa de reposición ,y un desarrollo pleno a nivel regional que facilite la incorporación al sistema de I+D+i».

OTRAS CONCLUSIONES / En cuanto a los problemas con la Ley de Contratos, Santiago García señaló «la singularidad de la actividad investigadora». Aun siendo conscientes del esfuerzo de la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) con el Ministerio de Economía y la Agencia Estatal de Investigación para resolverlo, indicó que «las soluciones propuestas no dan soporte legal a los problemas derivados de la aplicación de la ley».

Otro aspecto fundamental para el desarrollo de la I+D+i que denunciaron los vicerrectores del G-9 es la contratación, pues «no se ha avanzado nada en las soluciones a los problemas de encadenamiento de contratos y otros asociados a la contratación laboral temporal de investigadores», expresó García Granda.

Y añadió que además, «las restricciones a la contratación que impone la tasa de reposición continúa siendo un obstáculo para la renovación de las plantillas docentes e investigadoras».

Expresó también la «preocupación» del grupo «por el nuevo sistema de justificación de costes indirectos establecido por la Agencia Estatal de Investigación», al considerar que su aplicación «con retroactividad y sin criterios claros, ha obligado a las universidades a cumplir estas exigencias en la más completa incertidumbre e inseguridad»; y «con sus propios recursos, con el correspondiente perjuicio económico».

El G-9 manifestó su compromiso con «los 17 objetivos de la Agenda de Naciones Unidades para el desarrollo sostenible, Agenda 2030». Y «asumimos los compromisos de fomentar la I+D+i y una Educación Superior de calidad para fortalecer la paz, liberar a la Humanidad de la pobreza y promover los derechos humanos».

Reflexionaron los miembros del G-9 sobre la selección de candidatos para el programa Beatriz Galindo, al que lograron presentar sus candidaturas, que valoran como proyecto piloto, pues «los fondos de la primera convocatoria no resolverán los problemas del relevo generacional y atracción y cuidado del talento tan necesarios para nuestro sistema».

También abordaron propuestas de cambio en los sistemas de gobernanza de las universidades públicas, y sobre la colaboración empresa-universidad. Respecto a esto, indicaron que la transferencia de conocimiento pasa por la estrategia con empresas, instituciones y universidad, «en cuyo marco se podría desarrollar la investigación colaborativa, la formación dual universitaria o los doctorados industriales». Y la creación de empresas spin-offs académicas, aún sin una reglamentación nacional clara,