El Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo ha presentado hoy una querella criminal contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Angel Gallardo, por "coacción y amenazas" al municipio, por su advertencia de que se les retirarán las ayudas por incumplir la Ley de Memoria Histórica.
Según ha explicado el alcalde de este municipio, Antonio Pozo (PP), la querella criminal ha sido presentada ante el Juzgado de Instrucción de Badajoz y se hace tras la autorización recibida en el último pleno municipal para llevar a cabo las medidas de defensa necesarias "para impedir el menoscabo de los intereses de todos los ciudadanos de Guadiana del Caudillo".
Antonio Pozo ha indicado que en el caso de Guadiana del Caudillo, las ayudas ascenderían a una 100.000 euros anuales, y ha indicado que Gallardo "se ha erigido en juez y parte", le ha acusado de basar sus aspiraciones políticas "a costa" de su pueblo.
"A costa de Guadiana del Caudillo no va a tener publicidad y no vamos a permitir que amenace a una población", ha dicho el primer edil, que ha añadido que se reserva otro tipo de acciones "si al final esta decisión se toma tal y como ha anunciado en los medios de comunicación".
El alcalde ha contado con el apoyo del secretario general del PP de la provincia de Badajoz, Juan Antonio Morales, que ha señalado que con estas amenazas a Guadiana del Caudillo y la pedanía pacense de Villafranco, el presidente de la Diputación de Badajoz "pretende dictar quienes según él incumplen la Ley de Memoria Histórica".
Morales ha declarado que "si Gallardo quiere ser juez, se presente a unas oposiciones si tiene la titulación y luego se dedique a dictar sentencia, pero no es juez para decir y amenazar a los pueblos como ha hecho".
A su juicio, "se ven unas ganas de protagonismo inmensas en este señor", al que ha denominado con ironía como "Franquito Gallardo".
Morales ha añadido que el presidente de la diputación ya firmó en febrero un documento que envió a Guadiana del Caudillo con un informe del secretario general que recogía que no se podían quitar subvenciones a la localidad, y este es uno de los motivos de la querella, "que, a pesar de saberlo, y siendo consciente de lo que firmó se ha atrevido a coaccionar y amenazar a estos pueblos".
Morales ha concluido que "es intolerable" que Gallardo use su cargo "para amenazar vilmente a dos municipios", y advierte de que si a pesar de esta querella pretende seguir hacia adelante no descartan otras actuaciones en defensa de la libertad de cada pueblo a llamarse como lo decidan sus ciudadanos.
