La Guardia Civil detuvo en octubre pasado un vehículo y tras identificar a su conductor y registrar el maletero halló numerosos restos arqueológicos. Los agentes consideraron no acreditada procedencia y las intervino de forma cautelar para su estudio por los técnicos y determinar su valor y origen. El propietario manifestó que se dirigía a venderlos, que el género era de su propiedad y fue adquirido mediante compras, aunque no aportó suficiente facturación acreditativa.
Entre las piezas hay 182 monedas de la cultura íbera, 1.570 de otras culturas, 16 de cobre y bronce y otras 80 piezas como puntas, hebillas, aros y otros adornos metálicos. La Guardia Civil en colaboración con la Consejería de Cultura, a cuya disposición puso los restos, investiga dónde están los yacimientos arqueológicos de procedencia para evaluar posibles daños.
La legislación actual prohíbe el uso de detectores de metales para buscar restos arqueológicos y solo se conceden autorizaciones para investigación. En los últimos 3 años, la Guardia Civil de Badajoz ha efectuado 46 denuncias por infringir la Ley de Patrimonio Histórico, la mayoría por uso no autorizado del detector de metales.
El propietario de las piezas, se enfrenta a dos sanciones administrativas: por no declarar la tenencia de las piezas y por no poseer un libro registro donde se anoten las transacciones comerciales.
