Los siete guardias civiles a los que se les ha abierto expediente por participar en una protesta convocada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) contra los recortes del Gobierno central el pasado 12 de octubre, coincidiendo con el acto oficial por la festividad de la Virgen del Pilar, se acogieron ayer a su derecho a no declarar y en su lugar presentaron un escrito con sus argumentaciones, según confirmó el abogado de la AUGC, Segundo Berjano, tras la comparecencia de los agentes ante el instructor del caso en la Comandancia de Badajoz, donde apenas permanecieron media hora.
El letrado explicó que la decisión se ha tomado porque "no confío en la objetividad del expediente ni que sirva para averiguar lo realmente sucedido, sino que considero que es una represalia y una vulneración de los derechos fundamentales que asisten a estos guardias civiles y, por lo tanto, se han amparado en su derecho constitucional a no declarar y que sea la instrucción del expediente la que desvirtúe su presunción de inocencia", manifestó Berjano.
Según el abogado, está previsto que mañana declare un capitán de la Guardia Civil, "supuesto testigo de los hechos". Posteriormente, si se estima conveniente por parte de la instrucción, se redactará un pliego de cargos, en el que se concretarán las conductas que se imputan a los expedientados y las responsabilidades disciplinarias, tras lo que se abrirá un periodo de alegaciones. Los trámites continuarán con la presentación de pruebas y testigos, hasta la vista del expediente y la propuesta de resolución, hasta que sea definitiva. El proceso se puede prolongar varios meses, "con la consiguiente zozobra para los guardias y sus familias", apuntó Berjano.
Los agentes expedientados, que acudieron vestidos de uniforme a la toma de declaración, estuvieron arropados por familiares y amigos --algunos con pancartas en las que se podía leer Guardias Civiles discriminados o Guardia Civil: la última dictadura -- y miembros del Sindicato Unificado de la Policía Nacional (SUP), que los recibieron con aplausos. La Delegación del Gobierno comunicó el lunes por la tarde que no autorizaba la concentración convocada para mostrar su apoyo a estos compañeros, según explicó Antonio Jiménez, secretario de Comunicación de la AUGC, por lo que se tuvo especial cuidado en que no se superase la veintena de personas frente a la Comandancia.
Jiménez denunció irregularidades en la notificación de los expedientes --a algunos agentes les llegaron por vías distintas a la oficial y en sobres abiertos, según dijo, "para que sirva de escarnio público"--, así como un presunto caso de moobing , ya que uno de los guardias civiles expedientados estaba en comisión de servicio en el puesto de Caya y se le ha relevado.
La AUGC tiene previsto convocar una manifestación para apoyar a estos agentes a mediados de febrero, a la que llaman a sumarse a la ciudadanía y a la que está previsto que se unan otras asociaciones de guardias civiles del país.
