La concejal de Urbanismo, Cristina Herrera, afirmó ayer que en todos los casos de viviendas ilegales, se producen notificaciones y requerimientos para su demolición, en respuesta a la denuncia de un vecino, que se ha querellado contra ella y el alcalde por considerar que la orden de derribo de su vivienda ha sido arbitraria, ya que había otras previas sin ejecutar. Herrera insistió en que existe una sentencia judicial que ratifica la demolición y que este vecino "quiso hacer un fraude".
