El concejal de Patrimonio en el Ayuntamiento de Badajoz, Jesús Villalba, presenta la ordenanza reguladora de la huertos familiares de titularidad municipal, que prevé su alquiler por 10 años y está en "situación de llegar a un acuerdo".

Villalba explica que la ordenanza sigue las indicaciones del Decreto de la Junta de Extremadura sobre este ámbito, y que su objetivo es regular el aprovechamiento de estos huertos municipales situados en los poblados de Alcazaba, Balboa, Gévora, Novelda, Sagrajas, Valdebótoa y Villafranco.

Según la agencia Europa Press, son 303 huertos que ocupan una superficie de 170 hectáreas de regadío, en parcelas que van de los 4.500 a los 5.000 metros cuadrados, además de los denominados 'cotos escolares' que tienen un régimen diferente al de los huertos.

El concejal señala que la "regulación de los bienes municipales" tiene como objetivo que quien los disfrute "contribuya como los demás" por el ese bien que usa, y subraya que entre las 3.000 firmas presentadas por la coordinadora hay vecinos de Sevilla, Granada, Barcelona, Miajadas, Madrid o Montijo, entre otras a los "que ni les va ni les viene" la ordenanza.

Además, recalca que el "movimiento ciudadano" creado con la coordinadora "es ni más ni menos para consolidar los privilegios que tienen de no pagar" por el uso de los huertos municipales.

La ordenanza

La ordenanza prevé el alquiler por 10 años para los empadronados en Badajoz, la posibilidad de construir naves de 3X3 para guardar los aperos agrícolas, no contempla la cesión en vitalicio y si que la producción tenga otro uso distinto al consumo propio.

Además, se establece un alquiler, según lo marcado por la Ley de Haciendas Locales, del 6 por ciento del valor de terreno. En cuanto a los cotos escolares, la pretensión es dividirlos en parcelas de 600 metros cuadrados, para que sean utilizados gratuitamente por jubilados "si es posible".

El consistorio de Badajoz pretende así "legalizar" el uso de estos huertos, ya que la anterior normativa sobre la materia es una ley de 1950, por la que, según ha señalado, el 70% de quienes tienen el uso de estos bienes municipales no cumple "ningún" requisito.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el consistorio, Celestino Vegas, considera que las 3.000 firmas presentadas "es algo que obliga a la reflexión" del ayuntamiento.

Vegas considera que "tras estas circunstancias, la aprobación definitiva de la ordenanza está más lejos" y que hay que "estudiar detenidamente todo el texto porque el ayuntamiento no puede hacer oídos sordos" a las 3.000 firmas.