Un impago de Fomento por obras asfixia a 150 autónomos

Las obras de mejora de la carretera, que finalizaron el pasado mes de mayo, se han llevado a cabo por la firma de un convenio entre el ayuntamiento de la localidad pacense y el ministerio, que aún no ha abonado los casi dos millones de euros correspondientes a las dos últimas fases del proyecto. Al no tener el dinero, el consistorio no ha podido hacer frente al pago de la obra, que corre a cargo de Sinerkia.

Y a falta de este dinero, la empresa tampoco ha podido hacer frente a su situación financiera. Según uno de los socios fundadores, Enrique Arias, "debido a impagos como este --afirma que otros ayuntamientos como el de Mérida también les deben dinero-- la empresa arrastra un agujero de un millón de euros, de los que 800.000 corresponden a los pagarés devueltos a los 150 proveedores". 150 proveedores ahora, pero el problema podría extenderse a 800 familias extremeñas si estos se vieran obligados a despedir a los trabajadores que les ayudan.

Profesionales que han trabajado con Sinerkia en otros proyectos, que no tienen nada que ver con el de Calzadilla y que sin embargo, se ven afectados, "con la soga al cuello", como ellos mismos confirmaron a este diario porque Sinerkia no puede hacer frente a la deuda que tiene con ellos. Tienen miedo por si la empresa presenta un concurso de acreedores, pero lejos de la realidad y según explica Arias, la ley no se lo permite porque hay pendiente un cobro de dos millones.

MOVILIZACIONES El alcalde de Calzadilla, Antonio Galván, confirmó que es cierto que el Ministerio de Fomento debe casi dos millones de euros a la localidad por este concepto, lo que para el primer edil, "es una auténtica vergüenza" porque entre ambas instituciones existe "un convenio escrito y firmado".

Galván también manifestó su deseo de ayudar a la empresa, "a pesar de que los afectados no tienen nada que ver con el ayuntamiento ni el pueblo", y para ello han intentado pedir un crédito por valor de dos millones para adelantar la cantidad a Sinerkia. Pero la ley no permite a un ayuntamiento tan pequeño -el pueblo tiene 800 habitantes-- contraer una deuda tan grande. Así las cosas, Galván incluso se plantea viajar a Madrid para ver qué ocurre y reclamar el dinero que dice, por ley le corresponde al pueblo.

Y no solo el alcalde reclamará lo que es suyo. También los afectados con los que este diario pudo contactar. Angel Fernández, escayolista, tiene pendiente un pagaré de 11.248 euros. Sabe que su situación no es la peor, pero como quiere recuperar su dinero, está hablando con otros afectados que conoce para crear una plataforma y comenzar a organizar manifestaciones.

Según Arias, " están nerviosos y no se creen mucho lo de Fomento". Y lo cierto es que en su mayoría piensan que la empresa les está jugando sucio. Sobre todo porque han cambiado los administradores --se ha buscado "a gente con más experiencia"-- y la persona que ahora está al frente, la malagueña Jadi Nadia --este diario intentó sin éxito contactar con ella--, no les inspira confianza.