El Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz ha dictado un auto por el se incoa procedimiento abreviado manteniendo las actuaciones con respecto a cuatro de los seis imputados en el causa abierta a instancias de la Fiscalía Provincial de Badajoz, por los supuestos delitos societarios, falsedad documental y fraude en subvenciones relacionados con el fin de la Cooperativa Frutos Caval.
La magistrada Marta Hernández ha remitido el auto a las partes personadas en la causa --fiscal, Junta de Extremadura, las defensas y la acusación particular que lleva la abogada Rosalía Perera-- con fecha del pasado 3 de diciembre, para que en el plazo de 10 días presenten acusación, soliciten nuevas diligencias o el archivo de la acusa.
La jueza mantiene como imputados al exgerente de la cooperativa, Manuel García González, con siete supuestos delitos; al exdirector comercial, Manuel Corrales, con dos y a su esposa, Carmen Texeira Fernández, con otros dos.
También ordena el "sobreseimiento provisional" de las actuaciones en relación al presidente de la sociedad, Juan José Magdaleno Escudero, y del secretario, Laureano Reyes Bueno, por los delitos que se les imputaban, "al no haber motivos suficientes para atribuirles participación" en los mismo, según consta en el auto.
Así, la jueza imputa a Manuel García los supuestos delitos de "falseamiento de cuentas, administración desleal, falsedad en documento mercantil, delitos contra la hacienda pública por defraudación del IVA y fraude en subvenciones en concurso con delitos de uso de documento falso y otro continuado de falsedad en documento mercantil".
12.000 FOLIOS A Manuel Corrales junto con Manuel García, les imputa "un delito continuado de administración desleal indebida en concurso con delito continuado de falsedad en documento mercantil". Y a Carmen Texeira, "un delito continuado de apropiación indebida y otro de falsedad documental".
La magistrada hace constar en el auto --cuya causa consta de más de 12.000 folios recogidos en 44 tomos-- sobre la cooperativa Caval, constituida en 1993, con Manuel García en el puesto de gerente hasta que dimitió en el 2009, que éste dejó la sociedad con un patrimonio negativo de 21 millones de euros, como se recoge en el auto y la letrada Rosalía Perera, que lleva la acusación particular en nombre de los denunciantes afectados.
Señala también el auto que hubo ocultamiento de datos y de la situación real de la cooperativa a los socios de la misma. Además de que el auditor de las cuentas del año 2008 no pudo emitir su informe porque en un incendio que se produjo el 6 de febrero del 2009 se quemaron un ordenador y los documentos necesarios con los datos relativos al ejercicio del que debía informar, entre otros asuntos.
