El Ayuntamiento de Badajoz instará a las compañías eléctricas que operan en la ciudad a comunicar al Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) con un mínimo de 45 días los cortes de luz en hogares que se consideren vulnerables. Esta medida se refrenderá en un convenio. Además, el ayuntamiento articulará mecanismos para evitar que las empresas interrumpan el suministro por impago.

Este acuerdo, de plena actualidad tras el fallecimiento de una anciana a la que le cortaron la luz, se adoptó ayer en el pleno ordinario a través de una moción que apoyaron los tres grupos municipales y en la que se abstuvo el PP. La concejala de Servicios Sociales, Rosario Gómez de la Peña, argumentó que su postura no era la de oponerse a la moción, un tema que reconoció «preocupante», pero señaló que se pueden generar expectativas entre los ciudadanos que no son reales, por lo que propuso que se incluyera en el orden del día de la junta rectora del IMSS, que se reúne la próxima semana, para darle forma y valorar los pros y los contras. «Tenemos que intentar que lo que transmitimos a esas familias sean realidades y no les vendamos humo», defendió. Pero el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, defendió que «los tiempos de la calle no están acompasados a los tiempos políticos» y ésta es una necesidad urgente que consiste en tomar medidas que se pueden llegar a cabo y también seguir debatiéndose.

Éste fue uno de los cinco asuntos que ayer se discutieron por la vía de urgencia, un mecanismo que la concejala del PP María José Solana reprochó ala oposición, a la que echó en cara que se aprovechase de haber recuperado la mayoría con la reincorporación de la concejala socialista Maribel García, ausente en los últimos plenos por enfermedad. El socialista Fernando Carmona le contestó que son las reglas del juego, como las que utilizó el alcalde, Francisco Javier Fragoso, cuando hizo uso de su voto de calidad.

Sobre la mesa se dejó otra moción de urgencia, de los tres grupos de la oposición, para que el alcalde deje sin efecto la cesión del aparcamiento de la calle Stadium a la Asociación de Desempleados de Badajoz (Adeba), con un convenio de 1997. Carmona defendió que Adeba funciona como una empresa y que la adjudicación se tendría que haber sacado a concurso. El alcalde pudo hacer que se dejara sobre la mesa porque se trata de anular un acto administrativo y requiere informes que lo avalen.