En los poblados dependientes del Ayuntamiento de Badajoz ha sido práctica habitual, al menos en algunos, cobrar tasas por la colocación de veladores, alquiler de locales públicos, puestos ambulantes en el mercadillo y el uso de instalaciones deportivas sin que estos ingresos se sometiesen a una ordenación administrativa ni se fiscalizasen. Un informe de la Tesorería del ayuntamiento matriz confirma que no existían ingresos en las arcas municipales procedentes del cobro de tasas en las pedanías.
Quedan pocas dudas de que esto se hacía así. El propio alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, reconoció en su momento que esta forma de proceder podría ser una práctica errónea, pero de la que solo se desprenderían irregularidades administrativas. Lo dijo cuando desde el PSOE hablaban de corrupción. En la línea del análisis de Fragoso va el argumento de la defensa de los alcaldes pedáneos que presuntamente permitieron estos cobros irregulares, así como el del juzgado de instrucción que decidió, tras la denuncia que interpuso el grupo municipal socialista, dar por concluida la investigación y archivar la causa porque no veía indicios de delito. Lo curioso es que llegase a esta conclusión sin ni siquiera tomar declaración a los alcaldes de los poblados para, como mínimo, conocer de primera mano por qué procedían de este modo y cuál era el destino de los fondos que recaudaban. Ha tenido el PSOE que presentar un recurso para que la Audiencia Provincial inste a seguir investigando.
Como consecuencia de esta decisión, esta semana estaban llamados a declarar ante el juez los alcaldes de tres de las ocho pedanías, que son las únicas sobre las que el PSOE ha presentado pruebas documentales de los presuntos cobros irregulares. Se trata de Gévora, Novelda del Guadiana y Valdebótoa. Resulta que en dos de estos poblados el alcalde de ahora no es el mismo que estaba en las fechas a las que se refiere la denuncia, pues en este intervalo, mientras la causa estaba en pie, han cambiado el de Valdebótoa y el de Novelda.
Desconozco los entresijos de los prolegómenos de una investigación judicial, pero lo lógico y razonable hubiese sido que la citación les hubiese llegado a quienes eran entonces los alcaldes y no a los actuales, que fueron los que acudieron al juzgado para decir, claro está, que ellos no saben nada de nada. No entiendo que para un juzgado sea tan difícil confirmar que a quien llama a declarar es realmente quien tiene que presentarse, no un sustituto. No hacerlo es perder tiempo y seguramente también recursos. El tercer alcalde pedáneo, el de Gévora, sí sigue siendo el mismo, pero por motivos de salud no pudo prestar declaración. Los tres lo hacían en calidad de investigados. El abogado de todos ellos insistió en que la forma de proceder en las pedanías tiene difícil encaje en el Código Penal, pues, entre otras razones, las cantidades que este comportamiento puede generar son «insignificantes», no más de 800 o 900 euros. Como «insignificantes» son las localidades donde esta costumbre era una práctica habitual y donde las exigencias no pueden ser las mismas que en los ayuntamientos grandes. Insignificante Gévora, con 2.475 habitantes. Insignificante Valdebótoa, con 1.294. Insignificante Novelda, con 909. Tan insignificantes que no tienen ni piscina municipal, ni presupuesto propio, y sus vecinos ni siquiera pueden elegir directamente a sus alcaldes, que son designados digitalmente por el partido que gobierna en el ayuntamiento matriz, del que dependen para todo. Bueno, para casi todo.
