El pleno del Ayuntamiento de Badajoz acordó ayer la integración en la Seguridad Social a efectos de asistencia sanitaria de 323 funcionarios procedentes de la Munpal que estaban cubiertos por una compañía privada. La aprobación fue por unanimidad, pero no estuvo exenta de discusión, pues tanto los grupos de la oposición como las centrales sindicales, cuyos representantes estuvieron presentes en el salón de plenos, solicitaron que se retrase el cambio, que entrará en vigor el 11 de marzo. Pero tanto la concejala de Recursos Humanos, Maripaz Luján, como el alcalde, Miguel Celdrán, argumentaron que la compañía se ha negado a la prórroga.

Al final del pleno, en el apartado de ruegos y preguntas, Manuel Manzano, del sindicato Aspolobba, en representación de las demás centrales, tomó la palabra para quejarse de que no haya habido ninguna negociación ni información a los afectados. "Nos vamos con la sensación de ser un juguete roto en sus manos", dijo.

Luján insistió en que la intención del ayuntamiento siempre ha sido mantener la asistencia sanitaria privada pero ninguna compañía ha aceptado la cuantía que se le ofrecía, y que se había incrementado un 2,78% a pesar de los recortes en otros concursos. E informó de que la gerencia del SES les ha indicado que no habrá ningún problema y que los pacientes no van a sufrir "ningún menoscabo" en sus tratamientos.