El concejal de IU, Manuel Sosa, insistió aye en que intuye que en el 2004 hubo un posible "tráfico de influencias" en la Consejería de Vivienda cuando su titular era la ahora ministra María Antonia Trujillo. Así interpreta él el hecho de que desde la consejería se accediese a realojar a algunos vecinos de Los Colorines, precisamente a los cuatro que llevaban la coordinadora creada en la barriada para intentar paliar la situación de la zona y que representaban a otras 16 familias que también querían salir de allí. De hecho, el concejal apuntó que a estos vecinos se les dio incluso un listado con las viviendas sociales de la ciudad, para que eligiesen dónde querían ser realojados y, finalmente, dos de estas familias se pudieron trasladar, pero en ningún momento existe un contrato firmado ni ningún documento que acredite que se está ocupando una vivienda de la Junta, aunque sí los recibos del pago del alquiler.

Sosa advierte de que lo que quería la Junta era "desarticular el polvorín de Los Colorines" y fue después cuando surgió la plataforma de afectados dirigidos por el presidente de la Asociación de Vecinos del Gurugú, Ricardo Cabezas, que según IU ha ido cambiado sus demandas en todo el proceso.