El portavoz municipal de IU, Manuel Sosa, aseguró ayer que dimitirá si el alcalde Miguel Celdrán demuestra que el Canal de Badajoz no era de titularidad municipal antes de 1996 o muestra un expediente en el que aparezca que se permutó, y a cambio de qué.

Sosa respondió ayer a las declaraciones que el pasado viernes hizo el alcalde sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que desestimó la reclamación del ayuntamiento de 1.800.000 euros a Jardines del Guadiana en concepto de supuestos derechos urbanísticos del canal por el plan parcial SUP-2-III.

Celdrán, que pidió la dimisión de Sosa y del exportavoz del PSOE, el concejal José Ramón Suárez, dijo que la sentencia era "favorable" al ayuntamiento porque dejaba patente que "las actuaciones que en su día hizo el consistorio eran correctas".

Sin embargo, Sosa afirmó que el alcalde "miente conscientemente" acerca de la sentencia "cuando dice que ésta le da la razón al ayuntamiento, que no considera el canal propiedad municipal, que el consistorio obró correctamente y que con esto queda zanjado el asunto".

En este sentido, replicó que la sentencia "no le da la razón al ayuntamiento sino a Jardines del Guadiana" y mantiene que el TSJEx dice que no es competente para dictaminar sobre la propiedad del canal, así como que "el consistorio cedió voluntariamente los terrenos".

EL RESPONSABLE Según recoge la sentencia, "el ayuntamiento en aquel momento entendió y asumió que el terreno no era de titularidad dominical municipal". Por ello, el concejal instó a Celdrán "a buscar a la persona que entendió y asumió que no era municipal y regaló el canal a Jardines del Guadiana".

Además mantiene que con la sentencia "no se cierra el asunto, sólo dice que la vía administrativa está acabada pero se abre la vía civil y la penal".

Sosa insistió en que "se hizo desaparecer la propiedad municipal al extinguirse la servidumbre". Pero a su juicio "lo revelador es que la desaparición no fue un error, sino que se asumió intencionadamente".

Para corroborar su tesis, el concejal de IU hizo referencia a un pleito de 1997, un año después de la cesión a Jardines del Guadiana, en el que "el letrado jefe del ayuntamiento argumenta en una causa abierta con la Comunidad de Regantes del Río Caya, que explotaba el canal, que dichos terrenos eran de propiedad municipal".

Según explicó, fue un interdicto de obra presentado por la comunidad de regantes contra Jardines del Guadiana, "y el ayuntamiento se persona para defender la servidumbre cuando los terrenos son ya de la promotora y el juzgado número 6 de Primera Instancia le da la razón".

El portavoz de IU preguntó al alcalde qué hará cuando en unos meses se empiecen a presentar proyectos de urbanización en el tramo del canal que discurre desde el puente Real hasta Caya.

Por último señaló, que "el celo del alcalde de querer mandar la sentencia al Tribunal de Cuentas es porque Anticorrupción le ha pedido al Tribunal de Cuentas que haga una valoración de esta cuestión".

RECURRIR El portavoz del PSOE, Francisco Muñoz, coincidió en que la sentencia "da la razón al promotor", ya que "no se puede regalar algo y después reclamarlo, porque el promotor recibió un regalo".

Por ello, pidió que los técnicos municipales vean el marco legal para recurrir la sentencia, con el fin de recuperar un patrimonio público, "porque Badajoz no puede permitirse el lujo de perder un patrimonio que se adscribió a una propiedad privada".