Nuevo varapalo judicial contra el ayuntamiento pacense por el asunto de la ocupación del Canal de Badajoz. Jardines del Guadiana ha ganado el recurso que planteó en el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 contra la decisión del pleno de la corporación municipal adoptado en septiembre del 2008 de anular el acuerdo que la propia corporación había tomado 12 años antes (en 1996), por el que se aprobó el proyecto de compensación del plan parcial por donde discurría dicho canal, en la margen derecha, donde se construyeron pisos, el hotel AC y el Mc Donald.
Con esta sentencia --que no es firme pues el ayuntamiento puede plantear un recurso de apelación--, el consistorio no puede reclamar ahora a Jardines del Guadiana 1,8 millones de euros que pretendía por el derecho de aprovechamiento de los terrenos del canal, que ya están edificados, según el abogado de la promotora, Luis Díaz-Ambrona.
El juzgado de lo contencioso considera que la corporación no puede anular un acuerdo plenario con más de 12 años de existencia porque "afectaría a derechos ya consolidados sobre los terrenos que habían pasado a ser propiedad de Jardines del Guadiana y a derechos adquiridos por terceras personas ajenas a este procedimiento", como son los compradores de los pisos. Asimismo, considera que la nulidad "es una decisión difícilmente asumible" "cuando existen serias dudas de que los terrenos que ocupaban el antiguo Canal de Riego de Aguas del Gévora sean de dominio público.
La sentencia argumenta asimismo que es "inadmisible" que el ayuntamiento pretenda con la anulación del acuerdo del 96 revisar la cuestión relativa a la titularidad de los terrenos del Canal pues compete a la jurisdición civil. Además, el juzgado de lo contencioso estima que la anulación de un acuerdo del pleno es "una potestad agresiva de la Administración" que por tanto debe emplearse de forma "extraordinaria y restrictiva", estimando improcedente su utilización cuando por el tiempo transcurrido "sea contrario al derecho de los ciudadanos". Por último, el juez reseña que todo el proceso administrativo del plan parcial referido ha estado "dirigido, tutelado y decidido" por el ayuntamiento y "nos cuesta mucho creer que el ayuntamiento pudiera ignorar la naturaleza jurídica de los terrenos por los que discurriría el Canal".
