Un tratamiento especial para Jerez de los Caballeros por el impacto de la crisis en el grupo industrial Alfonso Gallardo. Esta es la demanda de la alcaldesa de la localidad jerezana, Margarita Pérez, tras el anuncio de un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo de la totalidad de la plantilla --534 empleados-- de la Siderúrgica Balboa que en su mayoría reside en el municipio.

El anuncio de Alfonso Gallardo llega después del rechazo del comité de empresa a un plan de viabilidad que suponía más de cien despidos y una rebaja salarial del 25%, argumentos que llevan al empresario a aplicar el cuarto ERE extintivo en la siderúrgica. Este nuevo órdago --hasta el viernes no se formalizará el expediente-- supone un varapalo para una zona que vive en gran proporción de este negocio. "Supone una auténtica catástrofe para el municipio", exclamó ayer la alcaldesa. Por ello, Pérez indicó que los regidores de los pueblos afectados quieren sentarse con Gallardo y con el presidente extremeño, José Antonio Monago, para buscar soluciones a esta crisis. Una de las que plantearán es tener un tratamiento especial con esta zona "especialmente castigada por la crisis" por el peso de este grupo industrial. Y de ahí, llegar hasta Madrid si fuera necesario, porque, aseguró, no tenemos alternativas de empleo.

EMPLEADOS Y NEGOCIOS Pérez explicó que la localidad cuenta con unos 10.000 habitantes y más de 2.000 se verían perjudicados directamente con la salida de los 534 empleados de la planta siderúrgica. "Más del 90% de los trabajadores son de Jerez", especificó ayer la regidora socialista. Además de los empleados, otro sector afectado indirectamente sería el pequeño comercio y empresas de restauración, que este ERE "podría llevarse por delante".

Además de la alcaldesa, el presidente extremeño también volvió a referirse ayer a la crisis del Grupo Gallardo. Monago precisó que no va a permitir que "otros intenten hacer descarrillar el diálogo y apeló "a la altura de miras" de quienes tienen un "altavoz" en la región para encontrar una solución al conflicto. Abogó por que las partes sigan hablando para poder llegar a un acuerdo porque son "las que tienen que ponerse de acuerdo no solo por la viabilidad de la empresa, que es muy importante para esta región, sino también por la viabilidad de los puestos de trabajo. Es muy serio lo que se está jugando".

Por su parte, indicó que la Junta "ya está trabajando" --ayer mismo continuaban lo contactos--, incluso antes de que se formulara el anuncio, para encontrar una solución al conflicto. En este sentido, su objetivo es lograr el punto de encuentro entre las partes.

En el fondo de las declaraciones del presidente, coincide el líder socialista Guillermo Fernández Vara, que ayer consideró obligado alcanzar un acuerdo entre las partes a las que instó a "no levantarse de la mesa negociadora hasta conseguirlo". El expresidente consideró que debe ser la Junta quien lidere esa negociación ya que, según dijo, la región le debe mucho a Alfonso Gallardo y viceversa. "Un imperio industrial no se levanta sólo con una persona". Así, y por la importancia industrial de este grupo en la región, Vara precisó que para pedir un esfuerzo a los trabajadores debe existir un plan de viabilidad.

Por su parte, la portavoz del Partido Popular y exalcaldesa de Jerez, Francisca Rosa, pidió "prudencia y responsabilidad" ante esta crisis. La popular insistió en hacer un llamamiento al diálogo, "porque lo que está en juego --recalcó-- es el futuro de muchos trabajadores". A sus declaraciones se sumaron las del nuevo grupo parlamentario. El portavoz de Prex Crex, Damián Beneyto, exigió a la Junta que "ponga todas las soluciones que sean necesarias" para evitar el despido de los 534 trabajadores de la Siderúrgica y que Monago se "moje" porque los trabajadores "son lo primero". Recordó que Extremadura dijo no a la construcción de la refinería Tierra de Barros que hubiera generado en un momento de crisis "cientos" de puestos de trabajo y "un alivio importante" para la economía regional. Beneyto manifestó ayer su disposición a ayudar a la industria y a reunirse con la empresa y los trabajadores para llegar a una acuerdo "satisfactorio".

Asimismo, Izquierda Unida preguntará por esta situación en el próximo pleno, mientras que Julián Carretero, líder de Comisiones Obreras, avanzó que deben ponerse básicamente todos los focos en el grupo empresarial y el propio empresario. "No toda la responsabilidad está repartida a partes iguales", dijo ayer en 'El Punzato' de Onda Cero. Ante esta "catástrofe", "los poderes públicos, con gobierno regional a la cabeza, debieran asumir sin ambages que este asunto se ha convertido, ahora mismo, en el principal problema de la política y la economía extremeña", precisó.