Un total de 930.000 euros le va a costar a la promotora Golf Guadiana, a la constructora Dragados y Construcciones, al aparejador y a los arquitectos responsables del proyecto, las reparaciones de los defectos de obra de 18 apartamentos de la urbanización Golf Guadiana. La sentencia que establece esta cuantía ha sido dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Badajoz, con fecha 20 de junio, aunque la promotora ya ha adelantado a este diario que la han recurrido. El abogado de la parte demandante, Eduardo Gil Mastro, destacaba ayer que de estas sentencias se producen muy pocas en Badajoz.

Estos 18 apartamentos, habitados desde hace 8 años, forman parte del grupo de 70 apartamentos promovidos por Golf Guadiana por los que esta promotora ya ha sido sancionada, pues tenía que haber construido un apartahotel, y no viviendas residenciales. Sin embargo, la sentencia que ahora se hace pública es independiente de esta irregularidad urbanística.

El administrador de la comunidad, José Luis García, apunta que hay otros apartamentos que presentan defectos, pero no se quisieron sumar a esta demanda, aunque ahora puede que se lo replanteen, tras la sentencia.

CON HUMEDADES Los 18 apartamentos presentan deficiencias centradas en problemas de humedades, debido a la mala impermeabilización respecto al suelo en el que se asientan. Todos, salvo uno, son de una planta baja. Después de dos años de litigio, ahora el juez ha condenado de forma conjunta y solidaria a la promotora, la constructora y al aparejador, que fueron los demandados por los damnificados inicialmente. Pero en el proceso también se implicó a dos arquitectos, el que redactó el proyecto y el que dirigió la obra y el fallo judicial establece que también se les aplica la sentencia.

El juez es contundente y viene a decir que ha habido fallos en todo el proceso de construcción. Literalmente la sentencia recoge que "concurren un cúmulo de causas que provocan los derechos reclamados: defectos de proyecto, defectos de dirección de obra y defectos de ejecución material de la obra".

Los demandantes pedían que se condenara a reparar las viviendas, conforme al informe que encargaron a un laboratorio, al que contrataron para que analizara las causas y la fórmula de reparación, que coincide con la solución constructiva que dicta la sentencia, aun siendo la más cara. Se deben reparar conforme a un proyecto previo que también tienen que pagar los condenados.

La reparación conlleva, entre otras obras, la construcción de un nuevo suelo, con sistemas de aireación, derribo de los tabiques interiores y de la parte interior de los muros de cerramiento. El juez ha cuantificado un coste medio común a las 17 viviendas, estimado en 54.000 euros, y 12.000 para el apartamento que está en una primera planta. Pero aparte de la reparación, como durante el tiempo que dure la obra sus inquilinos no podrán vivir en sus casas, el juez también condena a pagar el traslado y retorno de los muebles, la estancia en un guardamuebles y el alojamiento de la familia en un hotel. La sentencia establece cuantías distintas en función de las dimensiones de cada vivienda, pues las hay de uno, dos y tres dormitorios.