El Juzgado de lo Social Número 4 de Badajoz ha declarado improcedente el despido de dos becarias del archivo municipal y ha condenado al ayuntamiento a su inmediata readmisión o a indemnizarlas así como al abono de los salarios desde que se marcharon. Desde que fueron despedidas, en septiembre del año pasado, el archivo está cerrado. Ayer, el alcalde, Francisco Javier Fragoso, confirmó que no recurrirán las sentencias y que han optado por readmitir a las trabajadoras, que ocuparán sus plazas con un contrato temporal hasta la provisión de los puestos de trabajo.
Los dos fallos judiciales, del 2 de febrero, fueron dados a conocer ayer por el grupo municipal socialista, cuyos concejales se concentraron a las puertas del archivo, en la esquina de la plaza de España con San Blas. Según recogen las sentencias, estas dos mujeres --a las que el juzgado ha dado la razón-- habían trabajado en el archivo de forma ininterrumpida desde septiembre del 2008 a septiembre del 2015, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. Inicialmente se firmó un convenio de colaboración entre la Concejalía de Cultura y la Universidad de Extremadura para titulados en Biblioteconomía y Documentación, con cuatro becas de formación que el ayuntamiento dotó con 7.200 euros anuales prorrogables.
El convenio se fue renovando a dos de las beneficiarias. El juez deja claro que existió una relación laboral, pues ejercieron como ayudantes técnicos, cuyas tareas "excedían" de las funciones programadas por las becas. De hecho, estaban al frente del archivo, se encargaban de su apertura y cierre, atender a los usuarios, coger la documentación, cuidar los equipos y de las instalaciones, pues "no había más personal siendo ellas las únicas que lo gestionaban" desde noviembre del 2013. Además, no consta seguimiento o informe alguno de los tutores asignados por tratarse de becas de formación. Incluso ejercieron su labor en periodos no cubiertos por la beca.
El juez reprocha al mismo tiempo que ellas continuasen en el puesto cuando uno de los requisitos de la beca era no haberla disfrutado en otra convocatoria. "Es indudable --recoge el fallo-- que las tareas realizadas repercutieron en una formación y una experiencia valiosísima para las demandantes, pero a la vista de las circunstancias concurrentes se llega a la conclusión de que la finalidad primordial de las becas era (...) obtener mano de obra a un coste inferior en la realización de unas tareas". Así, cuando al poco tiempo la archivera y un auxiliar administrativo se jubilaron y otra se trasladó, se quedaron las dos becarias al cargo.
La concejal socialista Maribel García recordó que el archivo lleva cerrado cinco meses, con el consiguiente perjuicio a investigadores, cronistas, historiadores y estudiantes, "sin explicación ninguna por parte de la concejal de Cultura, Paloma Morcillo, o del alcalde". En este tiempo, Morcillo llegó a afirmar que estaba cerrado porque se estaba haciendo inventario. García criticó "las mentiras y los fraudes de ley continuado" probados por el juzgado del alcalde y la concejala --cuya dimisión pidió-- y "la falta de profesionalidad" de los técnicos que lo permitieron.
El PSOE lamentó que además del coste económico, el ayuntamiento tendrá que asumir que dos personas pasen a su plantilla sin haber aprobado un concurso oposición. Por su parte, Fragoso señaló que el ayuntamiento entendía que no existía relación laboral pero acatan la sentencia y reconoció que hubo problemas de "solapamiento" entre un convenio y otro, pero al siguiente se le daba carácter retroactivo. Avanzó que el archivo se reabrirá cuando se resuelven "los trámites administrativos".
