El Juzgado de Instrucción 4 de Badajoz se inhibió en julio pasado del conocimiento de las diligencias previas por una estafa informática perpetrada por una red de 21 personas de nacionalidad rumana 20 de ellas, actualmente en prisión, que operaban en un cibercafé de Valdepasillas. La operación policial se cerró en febrero pasado, pero se inició en el 2004, aunque la banda operaba desde finales del 2003. El juzgado pacense dictó un auto inhibiéndose de la causa a favor de la Audiencia Nacional, poniendo a su disposición las personas implicadas y los efectos incautados.
Las diligencias se incoaron a raíz del descubrimiento de una presunta estafa, como resultado de los rastreos de la Brigada de Investigación Tecnológica y el portal e-bay España , que realizan para garantizar el buen funcionamiento de la web de subastas, y al comprobar la usurpación de varias cuentas de usuarios, así como la detección de numerosas altas de cuentas nuevas creadas desde una de las direcciones IP de acceso a internet.
Igualmente se intervinieron las comunicaciones telefónicas de móviles, se tomó declaración a los propietarios de los cibercafés donde operaban y se intervino la información y documentación de los ordenadores, tras autorizarse la colocación de herramientas para interceptar datos y, con cámaras, también imágenes. Con todo ello se obtuvieron indicios "más que objetivos" de que los imputados realizaban estafas masivas.
Los miembros de la red enviaban correos a potenciales víctimas simulando páginas web y de la entidad de subastas e-bay , para obtener claves de usuario, cuentas corrientes, de tarjetas de crédito y sus números PIN. Con ellos realizaban ventas ficticias de vehículos y motocicletas.
INTERNACIONAL La juez señala en su auto que "hablamos sin duda de una organización internacional, de la cual el grupo que actuaba en Badajoz es una parte o grupo con cierta jerarquía, en cuyo escalón intermedio estarían" cinco de los detenidos, y en otro inferior unas 20 personas "que rotaban, lo que explicaría que alguno llevara poco tiempo en España".
E indica que "las investigaciones de la Brigada Tecnológica ponen de manifiesto la existencia de desplazamientos patrimoniales masivos, que se situarían en países extranjeros en su mayoría". Si bien, no se cuantifica la cantidad total defraudada, aunque en los razonamientos jurídicos dice que las operaciones de un solo día ascendieron a 36.870 dólares, enviados a través de Western Union.
En los razonamientos jurídicos, la juez confirma la competencia de la justicia española y dice que "los problemas surgen con los llamados delitos a distancia", que se consuman en un lugar diferente al que se inician, como parece ser el caso, pues el dinero defraudado es español pero su destino está fuera del país, "siendo probable --añade-- que otras células como las de Badajoz operen desde otros países".
DEFRAUDACIONES También refiere que la Ley Orgánica del Poder Judicial pone en manos de la Audiencia Nacional "delitos de defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que puedan producir grave repercusión en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia".
Del mismo modo se refiere a que el Tribunal Supremo señala dos requisitos para que se dé la competencia a los juzgados centrales: "defraudaciones" y "el perjuicio patrimonial a una generalidad de personas", de los que la juez de Badajoz deduce "la necesidad de evitar dilaciones indebidas para conocer los hechos investigados". Y por ello "procede acordar la inhibición de la causa a favor del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional".
