Le ha salido bien al presidente socialista de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, la jugada del millón de euros. Una jugada maestra, políticamente hablando, si lo que pretendía era poner en un brete al alcalde de la ciudad de mayor población de Extremadura, donde el PP no ha tenido rival en las últimas legislaturas. Gallardo quería situar a Francisco Javier Fragoso entre la espada y la pared por la pervivencia de los vestigios franquistas y se sacó del bolsillo una convocatoria de ayudas destinadas a las poblaciones mayores de la provincia, las que tienen más de 20.000 habitantes. Un millón para cada una. A tocateja. Pero claro, el regalo tenía truco, como los cruceros gratuitos en los que, una vez en el barco, te obligan a firmar un contrato de multipropiedad.
Desde que llegó a la diputación, Gallardo se ha autoproclamado el adalid de la Ley de Memoria Histórica y se ha obstinado en hacerla cumplir, dado que desde el Gobierno central no habían puesto demasiado empeño durante sus 12 años de vigencia. Poderoso caballero, no hay nada más convincente que el dinero. Para recibir este millón estableció como requisito acatar la resolución del Comité de Expertos creada para analizar la pervivencia de vestigios en la provincia. En Badajoz encontró 19. En unos casos, el ayuntamiento tenía que cambiar el nombre de avenidas, también del poblado de Villafranco. En otros, el pleno de la corporación debía pronunciarse desvinculando las denominaciones del régimen anterior.
El alcalde y su equipo nunca aceptaron esta resolución, que consideraron una intromisión en la autonomía municipal y ni siquiera presentaron alegaciones. No estaban dispuestos a acatar una orden que hasta ese momento ningún juzgado había respaldado, a pesar de los reiterados intentos de un abogado de Madrid y de su fundación de exigir el cumplimiento de la citada ley en vía judicial. Con estas sentencias en la mano, Fragoso no va a ceder ante el presidente de la diputación porque aduce que Gallardo no es quien para determinar cómo se aplica una ley, por encima de los jueces.
Pero Gallardo ya había incluido en el Plan Estratégico de Subvenciones del 2016 como condición para acceder a las ayudas de este organismo el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Todos los municipios de la provincia han pasado por el aro, excepto Badajoz y Guadiana -del Caudillo-, cuyo alcalde se ha marchado del PP precisamente por considerar que este partido transige demasiado con las ocurrencias del presidente de la diputación. El ayuntamiento pacense se queda sin el millón de euros por ‘una cuestión de forma’, según la diputación, por no entregar un ‘papel’ que pedía. Pero no podía hacerlo porque precisamente este ‘papel’ que pide es un certificado del secretario acreditando el cumplimiento de las medidas propuestas por el Comité de Expertos, medidas que el ayuntamiento rechaza de plano.
El alcalde está dispuesto a llegar hasta el final en lo que considera un chantaje y argumenta que la diputación no puede supeditar la concesión de dinero público a requisitos con los que no tienen relación esos fondos. Requisitos que pueden ser discrecionales pero no arbitrarios. Para Fragoso, sería como obligar a cambiar de rojo las placas de las calles, ha dicho. La diferencia está en que Gallardo cree que lo que está pidiendo no es un antojo, sino que se cumpla una ley y, ya puestos, la reacción de Fragoso le sirve para colocarlo en el lado extremo, en el que se sitúa el alcalde de Guadiana. Al final, tendrán que ser los jueces los que decidan, aunque para entonces puede que los ahora enfrentados ya no estén.
