La Audiencia comienza hoy el juicio contra N. A. M. S. y L. F. R. T., acusados de la muerte de Eugenio G. R. el 2 de abril de 2017, que falleció tras recibir dos tiros con una pistola del calibre 6,35 y golpes con un palo, después de él les apuntara con un bastón metálico, que en realidad era un arma de fuego fabricada por él mismo. Con ella disparó un cartucho del calibre 12 a L. F. R. T. , según el relato de hechos de la Fiscalía.

La causa se juzgará por el Procedimiento del Tribunal de Jurado Popular a partir de hoy, durante toda la semana, salvo el miércoles 23, y puede que el juicio continúe la semana próxima. El proceso comenzará esta mañana con la elección de los miembros del jurado, pero el final dependerá de lo que se alargue y de lo que tarde el jurado en dar su veredicto al magistrado que se encargará de elaborar la sentencia. La vista oral se desarrollará, en principio, en la sala de la Sección Primera --de lo Penal--, de la Audiencia provincial.

La causa será enjuiciada después de que en la fase anterior, la defensa presentara, en diciembre de 2018, tres recursos ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (Tsjex), relativos a pruebas referidas a la reconstrucción de los hechos, la comprobación de la cadena de custodia de pruebas y a la identificación de un testigo protegido. Los tres fueron rechazados. las defensas las llevan los letrados Enrique González de Vallejo y José Duarte.

HOMICIDIO Y TENENCIA DE ARMAS / La causa por este suceso se instruyó por el Procedimiento del Tribunal del Jurado, procedente de la diligencias previas abiertas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz.

La Fiscalía señala en sus conclusiones provisionales que los hechos que se juzgan constituyen dos presuntos delitos, homicidio y tenencia ilícita de armas, de los cuales considera autores responsables a los dos acusados.

Además, considera que «procede imponer a cada de uno de los acusados las penas de 15 años de prisión por el delito de homicidio y de 2 años por el de tenencia ilícita de armas. También que se acuerde en sentencia la prohibición durante el plazo de 10 años de que los acusados acudan al domicilio de los familiares de la víctima o a comunicarse con ellos, e indemnicen a la familia con 60.000 euros.