La Audiencia ya tiene fecha para el juicio contra N. A. M. S. y L. F. R. T., acusados del crimen del Cerro de Reyes, por la muerte de Eugenio G. R. el 2 de abril de 2017. Falleció tras recibir dos tiros con una pistola del calibre 6,35 y golpes con un palo, después de él les apuntara con un bastón metálico, que en realidad era un arma de fuego fabricada por él mismo, con la que disparó un cartucho del calibre 12 a L. F. R. T. , según el relato de hechos de la Fiscalía.
La causa se juzgará por el Procedimiento del Tribunal de Jurado Popular entre los días 21 y 25 del próximo mes de octubre, si bien la fecha de terminación es solo provisional, pues si el inicio será con la elección de los miembros del tribunal del Jurado, el final dependerá de lo que tarde el jurado en dar a conocer su objeto del veredicto al magistrado que se encargará después de elaborar la sentencia.
La vista oral se desarrollará, en principio, en la sala de la Sección Primera --de lo Penal--, de la Audiencia provincial.
La causa será enjuiciada después de que en la fase anterior, la defensa presentara, en diciembre de 2018, tres recursos ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) --Ver diario del 31 de enero de 2019--, relativos a pruebas referidas a la reconstrucción de los hechos, la comprobación de la cadena de custodia de pruebas y a la identificación de un testigo protegido. Los tres fueron rechazados, según uno de los letrados de la defensa, Enrique González de Vallejo; el otro, que los presentó, es José Duarte.
El juicio por este caso se instruyó por el Procedimiento del Tribunal del Jurado, dimanante de la diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz,
La Fiscalía señala en sus conclusiones provisionales que los hechos constituyen dos presuntos delitos de homicidio y de tenencia ilícita de armas, de los cuales considera autores responsables a los dos acusados.
Además, indica que «procede imponer a cada de uno de los acusados las penas de 15 años de prisión por el delito de homicidio y de 2 años por el de tenencia ilícita de armas. También que se acuerde en sentencia la prohibición durante el plazo de 10 años de que los acusados acudan al domicilio de los familiares de la víctima o a comunicarse con ellos, e indemnicen a la familia con 60.000 euros.
