La Comisión Regional de Urbanismo aprobará la próxima semana, en concreto el 9 de octubre, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Badajoz. El alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, recibió ayer una llamada del consejero de Fomento, José Luis Quintana, quien le confirmó esta fecha.

La reunión de la Comisión Regional de Urbanismo será extraordinaria y el consejero de Fomento tiene interés en que Celdrán asista, según le ha dicho. El alcalde expresó su confianza en que ésta sea la fecha definitiva de la aprobación del plan, que tanto tiempo lleva esperando la ciudad, "porque es muy importante, no solo para el desarrollo urbano sino económico y de creación de puestos de trabajo".

Una vez que se apruebe por la Junta de Extremadura, las modificaciones tendrán que esperar un año para llevarse a efecto, según explicó Celdrán. El nuevo PGOU de Badajoz tiene una vigencia para los próximos diez años y sustituirá al todavía vigente, aprobado en 1989.

De respetarse la fecha confirmada por Quintana, se cumpliría el compromiso adquirido el pasado mes de julio por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, con Celdrán, en la visita que el jefe del Ejecutivo regional realizó al ayuntamiento pacense tras su toma de posesión. Vara dijo entonces que el nuevo PGOU de Badajoz se aprobaría en la primera quincena de octubre y especificó que se haría con la modificación que el ayuntamiento ha tenido que aprobar para eliminar la protección ambiental de los terrenos destinados a la plataforma logística.

4 AÑOS Hasta que se apruebe definitivamente el nuevo PGOU han transcurrido casi cuatro años desde que en diciembre del 2003 tuvo lugar la aprobación inicial por el pleno de la corporación, con los votos a favor del PP y en contra del PSOE e IU. Aquella votación estuvo marcada por la ausencia del entonces teniente de alcalde, Alejandro Ramírez del Molino, que tenía intereses particulares en terrenos urbanizables de la carretera de Olivenza. La exposición al público generó gran expectación y se presentaron gran cantidad de alegaciones que, según el PSOE, fueron más de 10.000, mientras que la entonces concejala de Urbanismo, Cristina Herrera, dijo que no había más de 1.500, pues muchas eran coincidentes en el contenido.

En todo este tiempo, los constructores han venido reclamando que se agilice. La aprobación provisional fue en febrero del 2005 y se remitió a la Junta. La Agencia de la Vivienda remitió 113 correcciones, que se introdujeron en noviembre del 2006.