La Junta de Extremadura acusó ayer al equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Badajoz de hacer un "uso partidista" del decreto que recoge un programa extraordinario para la inserción laboral de personas con riesgo de exclusión del mercado de trabajo. Según manifestó la Consejería de Bienestar Social a través de un comunicado, "el desarrollo de este decreto debe basarse en la colaboración profunda entre Gobierno regional y corporaciones locales".
La consejería aseguró que el ayuntamiento convocó la semana pasada una reunión por fax "y sin ningún tipo de publicidad", en el Instituto Municipal de Servicios Sociales, con representantes de asociaciones de discapacitados, de mayores, de alzheimer y trabajadores sociales, que contó con la presencia de la concejala de Servicios Sociales, Cristina Herrera, y técnicos municipales.
En dicho encuentro, "del cual el Ayuntamiento pacense ha decidido no dar ningún tipo de información pública", se puso a disposición de estas asociaciones la posibilidad de contar con 150 personas que trabajarían en el ámbito de la ayuda a domicilio de personas dependientes, y que estarían contratadas por el consistorio, según la versión de Bienestar Social. Desde la Administración local no se informó, como habría sido deseable según la Junta, para evitar posibles interpretaciones erróneas, que esos puestos de trabajo se acogían al mencionado decreto de la Administración autonómica.
