La Dirección General de Vivienda de la Junta de Extremadura ha ofrecido a las familias que vivían en un bloque de Las Quinientas viviendas, en San Roque, ayudas de las que contempla el plan de rehabilitación, para poder afrontar el arreglo del inmueble, que tuvieron que abandonar hace unos seis meses por prescripción técnica. Así lo explicó ayer la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Badajoz, Cristina Herrera, tras entrevistarse en Mérida con la directora general, Isabel Ceballos, acompañada de la abogada y un representante de los vecinos.
El bloque afectado se encuentra en la calle César Díaz Vara y allí vivían 20 familias. Según los datos aportados por la concejala, este edificio fue construido por el Ministerio de la Vivienda y forma parte de Las Quinientas de San Roque, de promoción pública. Sus propietarios las compraron en 1969.
En este inmueble empezaron a aparecer grietas en el 2001, por lo que los vecinos acordaron encargar un informe técnico que en el 2004 determinó problemas en la cimentación y valoró los arreglos en 300.000 euros. Herrera relató que los residentes solicitaron hace dos años una ayuda a la Junta de Extremadura, que en la anterior legislatura se comprometió a concederles alguna subvención, que no llegó a materializarse "por circunstancias burocráticas".
CENTRO DE SALUD Los propietarios de este bloque querían seguir viviendo en este barrio. Las viviendas se apuntalaron y siguieron ocupadas hasta que los técnicos del ayuntamiento determinaron que el edificio debía ser desalojado porque corría riesgo de hundimiento. La concejala de Urbanismo comentó que al parecer el movimiento de tierras para la construcción del nuevo centro de salud de San Roque, que está próximo a este inmueble, aumentó los desperfectos, que en principio era grietas de asentamiento.
El desalojo se produjo hace unos seis meses. Desde entonces el edificio permanece abandonado y acordonado, para impedir el acceso. Todas las familias, muchas de ellas personas de avanzada edad y con pensiones bajas, sin muchos recursos económicos, tuvieron que marcharse y buscarse un lugar donde vivir, porque no tenían medios para arreglar el edificio. En algunos casos, la concejala asegura que el ayuntamiento les buscó una vivienda de propiedad municipal o les ayudó con el alquiler.
Las circunstancias son muy diversas. Una de las propietarias ya ha fallecido y ahora el piso pertenece a sus herederos. Un joven que compró la vivienda está pagando la hipoteca además del alquiler del piso donde se ha tenido que ir a vivir.
Aunque Cristina Herrera aseguraba ayer que allí no vive nadie, lo cierto es que el Periódico ha podido comprobar que una pareja ha vuelto a su casa, a pesar del riesgo que corren.
COMPROMISO Con la reunión de ayer, los afectados querían saber si definitivamente la Administración regional puede ayudarles y qué tienen que hacer.
Desde la Dirección General de Vivienda no quisieron informar de la reunión. Fue la concejala la que confirmó que la Junta "está en el ánimo" de ayudar a estas familias. El compromiso que se alcanzó es que a primeros del próximo mes de septiembre, a través de la oficina de Vivienda, en la avenida de Europa, se comprobará si se les puede apoyar a través del plan de rehabilitación de edificios en vigor, y se tendrá en cuenta si los perjudicados tienen más de 65 años. Al mismo tiempo, el Gobiern regional va a revisar el estudio técnico que encargaron los vecinos, porque los afectados carecen de medios para pagar otro. Las subvenciones de la Junta pueden llegar hasta el 60% de la obra.
