La Junta de Extremadura ejecutó ayer once desahucios en viviendas sociales de la barriada de Los Colorines, todas ubicadas en la plaza de Toto Estirado. En cinco de los casos, según explicaron fuentes de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, había un auto judicial para el desalojo de los inquilinos por conductas asociales, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. En los otros seis, los moradores de los pisos entregaron de manera voluntaria las llaves de los mismos a los funcionarios de la Junta. Las viviendas desocupadas han sido tapiadas para tratar de evitar que se ocupen de nuevo ilegalmente y, una vez que se pongan a punto, se entregarán a las familias que en estos momentos se encuentran en lista de espera para acceder a un piso social.
Según confirmaron fuentes de la Junta y de la Policía Nacional, los desahucios se desarrollaron sin incidentes. Los funcionarios estuvieron respaldados por un amplio despliegue policial, formado por más de una veintena de agentes de la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR) de Badajoz, apoyados por otro medio centenar de efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), procedente de Sevilla. En los casos de desahucios múltiples y si se producen, como ayer, en zonas conflictivas, es habitual el refuerzo policial externo.
OPERACION ANTIDROGA Aprovechando la presencia de la UIP, la policía llevó a cabo ayer en Los Colorines una operación antidroga, con registros en dos domicilios distintos a los desalojadas. No se ofrecieron detalles de esta intervención, independiente de los desahucios, aunque otras fuentes confirmaron a este diario que hubo detenciones.
