Extremadura no ha emitido este año ni emitirá próximamente deuda pública. Así lo han confirmado fuentes de la Consejería de Administración Pública y Hacienda a este diario, que descartaron recurrir a este tipo de endeudamiento dada la desfavorable situación de los mercados. Esto ocurre a pesar de que el pasado mes de abril se reguló este procedimiento para acceder hasta a 375 millones por esta vía y justo cuando se van a presentar los presupuestos con el mayor recorte, unos 600 millones menos que los de este año, según ha avanzado el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.
También coincide con la semana de la polémica por la emisión de deuda pública activada por la Generalitat de Cataluña, que ha recurrido a una emisión de entre 1.000 y 2.000 millones, en obligaciones a un año con una remuneración del 4,75% a razón de mil euros por título. Hay que tener en cuenta que la comunidad catalana soporta la mayor deuda del país (29.503 millones de euros hasta junio, según datos del Banco de España), aunque su porcentaje de deuda en relación con el PIB (14,1%) es menor que el de la Comunidad Valenciana (16%).
La situación de Extremadura es diferente, dado que se encuentra entre las comunidades menos endeudadas tanto en términos absolutos (1.347 millones), como en relación con el PIB (7,6%), quedándose por debajo de la media nacional (9,8%). Sin embargo, la comunidad registró el mayor incremento de la deuda (23,5%) en el segundo trimestre del 2010, último dato disponible facilitado por el Banco de España.
Así las cosas, el Gobierno extremeño descarta por ahora emitir deuda pública, del mismo modo que afirma no haberlo hecho durante los últimos meses. Ello a pesar de que el pasado mes de abril, el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó una orden en la que regulaba la emisión de deuda pública por hasta 375 millones de euros. El método previsto consistía en poner en circulación bonos u obligaciones, a través de las entidades financieras, con beneficios similares a la deuda del Estado, calculando sus importes en base a la situación de la comunidad autónoma y a las condiciones generales del mercado.
Ya existía en la comunidad una experiencia previa, en 1985, cuando se emitió una deuda pública por valor de 2.000 millones de pesetas, para financiar obras de infraestructuras. Ahora, sin embargo, se descarta de momento recurrir a esta medida, dada la situación desfavorable de los mercados financieros, que podría elevar en exceso el coste de este tipo de financiación.
