La Junta de Extremadura se personó el pasado jueves a las 14.00 horas en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción 4 de Badajoz contra los supuestos responsable de la crisis que ha acabado con el cierre de la cooperativa Caval, de Valdelacalzada. Una abogada de los servicios jurídicos autonómicos asistió ayer, como los abogados de las otras partes, a la comparecencia de Manuel García, exgerente de Caval, y Manuel Corrales, exdirector comercial, para declarar como imputados por un nuevo delito, administración desleal continuada.

La declaración comenzó a las 9.30 y concluyó hacia las 14.00, cuando salieron ambos imputados por la puerta trasera del edificio después de que la policía alejara a los miembros de Caval que los esperaban, como también en la puerta principal, con numerosas pancartas alusivas al conflicto.

Decenas de socios y familiares acudieron en autobús y coches particulares y se apostaron a la 7.00 horas a las puertas de la Audiencia para manifestar su exigencia de responsabilidades judiciales, con pancartas y gritos alusivos al problema, a golpe de tambor. Pero aseguran que los comparecientes ya estaban dentro, pues no entraron durante su presencia, según Antonio Domínguez, presidente de Caval.

DISPOSITIVO POLICIAL La jueza, que impidió la entrada a los medios de comunicación al edificio, ordenó un dispositivo de seguridad, por lo que había un amplio despliegue policial en los accesos, que imposibilitó que se pudiera hablar con los comparecientes y sus abogados.

Juan Miguel Gasco, actual secretario de la cooperativa, expresó sus dudas sobre "el interés y la intención de la Junta al personarse ahora en la causa y no cuando se le pidió, aunque es cierto que éste es un gobierno distinto". Las dudas se deben a que la abogada, dijo Gasco, "no aclara en calidad de qué se persona".

Antonio Domínguez señaló contradicciones en las declaraciones de García y Corrales, al decir que informaban al consejo y a los cooperativistas de cualquier incidencia o negocio, lo que negaron otros imputados en declaraciones anteriores. También que "García afirmó que la auditoría que él mismo contrató, y que determinó la deuda de 28 millones, lo hizo por presión de la Junta.

Sobre Corrales, señaló: "Ha dicho que esto es un asunto político y lo demostrará en su momento; que él solo era comercial; pero sabía cuantas hipotecas había, las propiedades de los socios o cuándo se reunía el consejo".

También las señaló en García por "la empresa Extremadura de frutas, que desde el 2007 tiene como administrador único a su hijo y dijo que la conocían los cooperativistas y el consejo", además de "admitir que usó pagarés pelota". Y añadió otras an Corrales "sobre su empresa Extremafruit, de la que su esposa era administradora única, su hermano gerente y él mera accionista", dijo Domínguez.

PENDIENTE Ahora la juez, que espera un informe de la Agencia Tributaria, puede recabar más información antes de decidir si acusa, a quién y de qué y si procesa a alguien.

Por otro lado, el 70% de los socios ha recibido una carta de Caja Duero reclamándoles más de 900.000 euros a cada uno, en un plazo de 10 días, según manifestaron varios de ellos.