La Consejería de Salud y Política Social reconoció ayer, a través de un comunicado, que existen cantidades retenidas correspondientes a las Ayudas para la Integración en Situaciones de Emergencia Social (Aises) cuyo pago está bloqueado debido a la existencia de un "vacío legal" porque estas ayudas no se adaptan a la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que entró en vigor el 25 de junio.

Con este escrito, la consejería reacciona a la denuncia hecha pública el día anterior por el concejal de IU en el Ayuntamiento de Badajoz Manuel Sosa, quien aseguró que la Junta tenía "boqueada" una partida de 70.000 euros para las Aises de Badajoz desde junio por la burocracia, ya que estaban pendientes de la firma del director general o de la consejera.

Aunque este diario intentó contrastar esta denuncia a través del gabinete de prensa, la consejería no contestó el mismo día, sino que lo hizo ayer por escrito, sin concretar desde cuándo están bloqueadas estas ayudas, cuántos perceptores se están viendo afectados y qué soluciones les están dando.

En su respuesta, la Junta explica que a raíz de las declaraciones de Sosa, la consejera, María Jerónima Sayagués, ha visitado las dependencias del Servicio de Inclusión Social, que gestiona las Aises "para conocer de primera mano la realidad de esta situación" y ha llegado a la conclusión de que las palabras del concejal de IU "no se corresponden con la realidad". La consejería explica que el problema surge porque el decreto que regula estas ayudas no se adapta a la ley mencionada, según un informe de los servicios jurídicos fechado el pasado 2 de agosto.

La situación persiste --explica-- ya que ni el gobierno anterior incluyó las Aises dentro de las prestaciones asistenciales excluidas por la ley, ni tampoco en las disposiciones adicionales se reguló ningún régimen especial, como sí se hizo para las ayudas a la cooperación, ni se procedió a dictar un decreto de bases reguladoras. "El problema nace --aduce-- por la falta de previsión normativa en la ley aprobada en marzo, y se empieza a advertir la paralización en el reconocimiento a finales de junio, a la vista de la negativa de la Intervención a fiscalizar estas ayudas si no se aclara su situación jurídica".

La misma nota señala que actualmente se está estudiando el asunto "a nivel jurídico al objeto de desbloquear las cantidades retenidas que están pendientes de reconocimiento y para el futuro tener un marco jurídico estable". Respecto a la situación de los solicitantes, la consejería afirma que trabaja para que "puedan contar con prestaciones asistenciales que cubran sus necesidades".