Un jurado popular juzgará el 25 de marzo en la audiencia al jefe de la sección de Tráfico y de Policía Urbana del Ayuntamiento de Badajoz, José Ramón Galván, acusado de un delito de cohecho, por el que el fiscal pide suspensión de empleo por un año y una multa de 8.000 euros, según Efe. Galván está acusado de solicitar a un empresario 8.000 euros a cambio de paralizar un expediente sancionador.
Los hechos se originaron el 24 de octubre de 2001 cuando la entidad Transarpe SL solicitó licencia para una planta de áridos, que en ese tiempo comenzó a funcionar. Cinco meses después se hizo una inspección y se inició un expediente sancionador, lo que dio lugar a una entrevista con dicho funcionario, quien, según la Fiscalía solicitó a uno de los socios de la empresa, Francisco Javier S. D., dos sobres con 4.000 euros cada uno, "para allanar impedimentos".
El 24 de abril se produce el tercer y último encuentro. El funcionario rebajó la cantidad a 3.000 euros en cada sobre, pero el empresario lo denunció a la Policía Nacional y ésta al juzgado, que decidió intervenir el teléfono. El 3 de mayo se interceptó una llamada del inculpado conminando a empresario a "terminar cuanto antes". Ese día se clausura el expediente de apertura.
La defensa pide la absolución, alegando que los denunciantes se inventaron esta acusación "con alguna idea oscura que incluso pudiera tener tintes políticos".
