La Sección Primera de la Audiencia de Badajoz juzgará a partir del 27 de enero a los ciudadanos polacos J. P. y D. P., a los colombianos P. P. y E. M. S. V., y a J. O. V. G., acusados de los delitos contra la salud pública en concurso con un delito de contrabando y otro de integración en grupo criminal, por los que la Fiscalía solicita penas de 8 años de prisión por el primero y uno más por el segundo, con los son 9 años para cada uno de ellos.

Los hechos que se juzgarán ocurrieron, según el relato de hechos del fiscal, el 24 de febrero de 2018, cuando los miembros de un control de la Policía Nacional «establecido ad hoc en la autovía A-5, en la frontera de Caya, ya en territorio español», interceptó en un camión Iveco, conducido por J. P., que proveniente de Lisboa (Portugal), circulaba en dirección Madrid, transportando en el habitáculo de la caja de mercancías una sustancia psicoactiva, que resultó ser cocaína».

La sustancia, que iba camuflada como un transporte de planchas de corcho, pesó 183,142 kilos, según las conclusiones provisionales de la Fiscalía.

Después, en una gasolinera Repsol de la carretera EX-100, se interceptó un vehículo Audi, conducido por D. P., y con P. P. como ocupante, que precedía al camión, con el que iba conectado y haciendo de lanzadera de seguridad y de contravigilancia, «tendentes a detectar controles policiales en el trayecto».

Esa misma tarde «se verifica la detención en Madrid de E. S. V., en el parking de un centro comercial, y de J. O. V. G., quienes el día anterior habían realizado el trayecto Lisboa-Badajoz-Madrid, por la frontera de Caya, en un Seat conducido, alternativamente, por ambos, con el mismo propósito de detectar controles policiales y alertar al camión que transportaba la droga». Y optaron por que siguiera hasta Madrid, «dada la forma de conducir, con intermitentes cambios drásticos de velocidad, de 80 a 160 por hora, salidas y entradas de/a la autovía y la adopción de trayectos diversos», según el fiscal.

Estas personas se reunieron los días 22 y 23 en Lisboa, donde se preparó, bajo la dirección de E. M. S. V. con asistencia de J. V, G, la recepción y el transporte de la droga, trasladándose la misma, con escala en Évora, el día 23 a territorio español.

Según la Fiscalía, «los seguimientos y vigilancias tenían su origen en una investigación de las autoridades portuguesas en el marco de un procedimiento judicial específico, quienes habían solicitado a España cooperación internacional, la cual dio lugar a la actuación antes descrita».

La policía intervino varios móviles, un ordenador portátil, un pen drive y una libreta con anotaciones, además de la droga, cuyo valor se estimó en 6.849.885 euros, la misma cantidad que se reclama en concepto de multa a los cinco acusados.