Se podrán hacer distintas lecturas --ya se están haciendo-- pero el dictamen que ha emitido la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando sobre la posibilidad y la forma de ejecutar la sentencia que obliga a demoler el cubo de la Facultad de Biblioteconomía en Badajoz es claro en sus conclusiones. Esta institución ha realizado este informe a petición del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que se lo encargó directamente después de que el Ayuntamiento de Badajoz argumentase que devolver el edificio a la legalidad era irrealizable.
Según la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico de la Academia de San Fernando, las obras de restitución de la legalidad "son perfectamente realizables y técnicamente posibles a un coste que, sin ser nimio, tampoco resultará exorbitante y que en todo caso permitirán que el edificio se atenga casi totalmente a la normativa que en su momento se infringió".
En su preámbulo, el dictamen recoge que esta institución "valora muy positivamente" la presencia de esta facultad en el edificio del antiguo Hospital Militar, en la Alcazaba de Badajoz, al dotarlo de "un uso digno" y contribuir a la "revitalización" de la zona. Sin embargo, "deplora" la obra ejecutada "por no haber hecho compatibles las ventajas sociales y urbanas (...) con la conservación del Patrimonio Histórico y Cultural".
Así, "lamenta" que siendo la Universidad de Extremadura el primer órgano consultivo que se contempla en la Ley de Patrimonio, no alertase del "daño" que ocasionaría este proyecto y también reprocha el papel jugado en todo este proceso por todas las administraciones. "Parece que han fallado todos los mecanismos de control y defensa recogidos en la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, a efectos de la protección real de los bienes declarados Bienes de Interés Cultural (BIC)".
Pero no se queda aquí, la real academia da cuenta también de "la baja calidad del proyecto, tanto en el orden conceptual , como en el material y constructivo", así como de la "falta de sensibilidad y acierto" de los autores. Además, el dictamen recoge las actuaciones que deben realizarse para devolver el edificio a la legalidad vigente. En este sentido, propone que tiren dos plantas del cubo, donde están unos pequeños despachos que se pueden ubicar "en otro ámbito del recinto universitario". Señala además que el cuerpo de las aulas mayores y la biblioteca no plantea problemas de impacto visual y puede seguir como está. También considera "desafortunada" la sobreelevación de las cubiertas del Hospital Militar y califica de "inaudito" el tratamiento dado a la antigua capilla "al haberla dejado relegada a un mero espacio de tránsito transversal de vehículos".
Este informe, fechado el pasado 26 de julio, fue hecho público ayer por la Asociación de Amigos de Badajoz, que acababa de recibirlo. También conocía ya su contenido el ayuntamiento, que incluso ha tenido tiempo de contestar en el TSJEx los argumentos esgrimidos, aunque no ha trascendido hasta ahora.
Amigos de Badajoz ha querido destacar que la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando es "la máxima institución española en materia de Patrimonio" y que el informe que ha emitido "es absolutamente independiente, imparcial y ajeno a las partes implicadas en el proceso, al ser un encargo directo del propio tribunal a esta institución".
En cuanto al contenido del informe, esta asociación destaca que este dictamen "viene a demostrar lo que Amigos de Badajoz lleva diciendo desde el año 2000, alertando de la ilegalidad palmaria de una parte de lo construido, la falta de respeto al patrimonio edificado y las posibles soluciones, para cumplir la sentencia, de las partes de la obra que la han violado, sin por ello tener que derribarse todo".
EN EL AYUNTAMIENTO Sin embargo, en contra de lo que pudiera parecer, en el ayuntamiento se muestran "muy tranquilos y satisfechos" con este informe, según el concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo. Aunque no están conformes con el dictamen, se aferran a uno de los apartados del preámbulo, donde la Academia de San Fernando "alerta" a los poderes públicos sobre los "hechos consumados" que como en este caso "hacen práctica, económica y socialmente imposible la restitución al estado anterior a las obras", no solo por la dificultad material sino desde el punto de vista legal, dado que podría vulnerarse la normativa estatal --y también autonómica, según el ayuntamiento-- sobre Patrimonio Histórico, pues es una intervención en un BIC. De hecho, ya la Dirección General de Patrimonio de la Junta no autorizó el proyecto básico de demolición.
Rodolfo recordó que la sentencia inicial del TSJEx del 2003 anuló la licencia de obras concedida por el ayuntamiento porque vulneraba la normativa urbanística, pero no entró a valorar si conculcaba la Ley de Patrimonio. Tal fue así que el dictamen de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico del 98 no fue recurrido y se hizo firme. Según Rodolfo, "esto todavía tiene mucho recorrido".
