Manuel Marchena, presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de Aguas Urbanas, catedrático de Análisis Geográfico de la Universidad de Sevilla y miembro de la Academia Andaluza de Ciencia Regional, se reúne hoy en Badajoz con los actores sociales extremeños de la gestión de aguas urbanas para «ver la singularidad de lo extremeño y tasarla con su geometría geográfica. Para nosotros es importante que se consolide una asociación público-privada de gestores del agua en Extremadura para establecer relaciones con la Administración y plantear ideas para resolver problemas, con decisiones públicas», manifiesta. Marchena fue muchos años consejero delegado de la empresa pública Emasesa, del área metropolitana de Sevilla, la segunda empresa pública más importante del país tras la de Canal de Isabel II.

-Tiene previsto reunirse hoy con los principales operadores de la gestión de aguas de la región. ¿Cuál es el motivo y el contenido de este encuentro?

--Es triple. En primer lugar valorar el seguimiento a la crisis de la pandemia en Extremadura; también tratar de establecer estrategias del agua con los principales operadores de la región y, si fuera posible, la creación de una asociación extremeña con todas las cualidades, singularidades y oportunidades de Extemadura en la gestión del agua urbana que cooperase con la nacional.

-Usted representa a empresas públicas y privadas. ¿En qué se diferencian en cuanto a gestión?

--Una de las grandes fortalezas de España, que puede ser la cuarta o quinta potencia del mundo, es la colaboración mixta público-privada. Hay una clara excelencia en la gestión del agua urbana que se ha puesto de manifiesto con estas crisis. No ha habido incidencias fundamentales en ninguna parte del territorio español; no ha habido ERTE, ni grifos sin agua, no ha habido problemas en mantener el servicio, lo que demuestra que la calidad del mismo no depende de ser público o privado, sino de la colaboración mixta.

-En el estado de alarma se han puesto de manifiesto cuales los recursos y servicios básicos, y el agua es uno de ellos. ¿Cómo se gestiona en unas circunstancias como la generada por la pandemia del coronavirus?

--El estado de alarma nos ha descrito como servicio esencial; es imposible que el agua no fuera catalogado en el decreto como esencial, y se ha comportado; a los hechos nos remitimos: 60.000 trabajadores, unos planes de contingencia preparados antes de la crisis, nos hemos ajustado a protocolos del estado de alarma.

Afortunadamente no ha habido letalidad en el sector; se ha compatibilizado la seguridad con la calidad y eficiencia del servicio, y hemos hecho planes de seguimiento de cómo volver a la normalidad. Creemos que podemos llegar antes a la normalidad por la excelencia del servicio, por la eficiencia de los trabajadores y por la eficacia; los españoles no habrán notado el agua del grifo antes y después de la crisis.

Lo que rescatamos de todo esto es que es necesaria una valoración del sector, de sus trabajadores, su cualificación profesional, su determinación en cómo proceder a servir el agua, absolutamente indispensable, y habrá que tener un mínimo de explicación, saber el comportamiento en las empresas para que puedan seguir siendo sostenibles social y económicamente hablando.

-Casi desde el primer momento de la pandemia se tuvo que aclarar que el agua del grifo es segura, ¿por qué?

--En ese sentido las autoridades sanitarias lo refrendan, ha habido bulos, de algún fondo comercial, pero no ha habido problemática; se han dicho algunas tonterías, pero han sido bulos fundamentalmente por malas razones comerciales. No es un hecho convencional, es un elemento más de la eficiencia de las empresas gestoras del agua en España.

-En condiciones normales, una vez que pase la crisis sanitaria, ¿cómo se gestionará el agua?

--El asunto estriba en mantener lo que había antes de la crisis, con algunos elementos que ya habíamos puesto encima de la mesa, colateralmente a la crisis. El sector necesita mantener su eficacia y sostenibilidad económica con la renovación de las estructuras, necesita una capacidad de inversión en todo lo que tiene que ver con la economía circular del agua y la descarbonización. El sector necesita mantener ese ritmo no solo por la actividad, sino por lo que significa de eficacia en objetivos del desarrollo sostenible, sobre el cambio climático, o la sostenibilidad. El sector se apuntaría a un nuevo camino verde porque ya lo está haciendo.

Pensamos que si no hay recursos suficientes por la deuda pública que se va a establecer, dadas las enormes necesidades, la colaboración público-privada puede ser una salida a este estado de cosas.

Necesitamos depuradoras terciarias; que no nos pongan la cara colorada en la Unión Europea por falta de depuración, con solo el 32% de depuración terciaria en el país. Necesitamos una fuerza en todo el sistema de renovación de depuración que no es exclusivamente una cuestión contratista, sino de cumplir con objetivos de desarrollo sostenible un país moderno como España. Hay un cambio de actividad para mantener los 60.000 empleos del sector y, sobre todo, para mantener la aportación española.

-¿Qué beneficios e inconvenientes tiene la gestión del agua según sea pública o privada?

--El presupuesto público va a estar con déficit a final de año y es una oportunidad histórica para esa colaboración público-privada. Una cosa es decidir hasta que podamos, con los impuestos, resolver estos problemas urgentes de inversión hidráulica, en depuración, renovación de redes, o cuándo debe o puede resolverlos uno de los países más importantes del mundo y cuarto de la Unión Europea.

-¿Cómo será el futuro de la gestión del agua, un bien escaso, con el cambio climático?

--El cambio climático afectará en nuestro sector en el corto plazo porque el clima será extremoso, con ciclos de sequías duros y alta precipitación concatenado. ¿Se imagina que no hubiera habido embalses y presas en España? Más allá de retóricas ideológicas, graves problemas tendríamos si no los hubiera.

Ante la extremosidad, las empresas necesitan gestionar eso con obras hidráulicas, con mejores condiciones, con big data. Es un mecanismo que va a depender de la descarbonización; hasta que la atmósfera esté sin CO2 será un problema subyacente. Las empresas del agua ya descarbonizan hace mucho tiempo, han tenido como elemento sustantivo la no emisión de CO2. Y Extremadura es clave en ese aspecto, en hidroeléctrica, pero más allá de la descarbonización como solución al cambio climático, la gestión del agua es gestión de sequías y precipitaciones extremas, se necesitarán protocolos.

-¿Cómo se está haciendo en Extremadura, donde hay empresas privadas y públicas?

-Extremadura tiene unas razones geográficas respecto a su vaciamiento de población y dispersión poblacional que condiciona la gestión del agua. Es un modelo común al español, con empresas privadas que gestionan lugares importantes y públicas de nivel provincial, desde la diputación, o incluso empresas públicas de ámbito nacional con gestión en alguna ciudad importante, un mapa común al resto de España.

Hay que decir que el agua es un servicio público que corresponde su gestión final a la Administración local y ésta decide el modelo de gestión de servicio público, si lo hace directa o indirectamente. Lo que se ve en Extremadura es que las decisiones deben ser tomadas con criterios de eficacia. Hay municipios pequeños que deben tener una economía de escala para resolver sus distribución del agua, pero eso no tiene que ser necesariamente público ni privado.

La cuestión es que el derecho humano del agua llegue a todos los ciudadanos por igual con tarifas asequibles. Los criterios deben ser eficacia, eficiencia y accesibilidad más que con otras connotaciones. Si el servicio directo del agua pública es eficiente, perfecto. Hay fórmulas para resolver todos estos dilemas.

Lo que pasa ahora es que en los presupuestos públicos va a ser más que nunca fundamental la colaboración público- privada, puede resolver muchos problemas en la gestión del agua.