Como las crónicas deportivas, la crítica política tiene su propio lenguaje. También sus límites. No creo que entre la ciudadanía haya calado la controversia en torno al concurso para adjudicar la limpieza de los márgenes del Guadiana y los arroyos, que está en trámite en el Ayuntamiento de Badajoz, Pero en los medios de comunicación está dando que hablar por el tira y afloja que mantienen unos u otros. Entiéndase por unos al grupo municipal socialista, que inició las denuncias por presuntas irregularidades y, por otros, al equipo de gobierno, en su versión bicéfala, pues la reacción de defensa está llegando por el PP y por Ciudadanos.
La labor de un partido en la oposición es la de controlar al equipo de gobierno, denunciar y criticar las acciones que considere reprochables. La cuestión es cuál es el límite cuando lo que está en entredicho es la honestidad de quien gobierna, que tiene nombres y apellidos y unas siglas (en este caso dos) que lo respaldan. Pero no es fácil encontrar pruebas de acusaciones cuando la propia fuente es quien está siendo criticada y los testigos son los trabajadores municipales, a quienes esta tesitura pone entre la espada y la pared, si hubiese una base de certeza en las acusaciones.
El ayuntamiento licitó la limpieza de los márgenes en abril. El procedimiento se retardó por los recursos contra el pliego de condiciones y en junio se adjudicó a Servicios Integrales Extremeños 2000 (Siex), del Grupo Ruiz, concesionario con Tubasa del servicio de autobuses urbanos. Pasaban los meses y el nuevo contrato de limpieza no se formalizaba. En octubre el grupo socialista denunció mediante un escrito a los medios de comunicación que tenía «sospechas fundadas» e «indicios fehacientes» de que el PP estaba «presionando» a funcionarios municipales para que realizasen informes favorables a la empresa a la que se le había adjudicado el contrato. Acusaciones muy graves, por mucho que se contextualicen en el debate político.
Aprovechando que en esta legislatura hay socios de gobierno que han abogado por la transparencia por h y por b, los socialistas han intentado comprometer a Ciudadanos para que interceda y garantice que en el procedimiento imperan los criterios técnicos y no los políticos. El proceso ha seguido y hace una semana la mesa de contratación excluía a Siex 2000 por no justificar los requisitos mínimos de solvencia técnica exigidos en los pliegos y se adjudicó provisionalmente a la solicitante que había quedado en segundo lugar, la UTE formada por Saneba y Extrepronatur. Era el PSOE el que, de nuevo con un comunicado, informaba del resultado provisional de este procedimiento a la vez que felicitaba a los funcionarios por no haber cedido a las presuntas presiones que, según denuncian los socialistas, procedían de dos concejales del PP.
Las acusaciones siguen siendo muy graves. Los populares contestaron, aun siendo domingo, con una breve nota negando ingerencia política y defendiendo la integridad de los funcionarios, que nadie había puesto en duda, al contrario. Cs también se posicionó en la misma línea, como era de esperar ante acusaciones de tal calibre que ponen en cuestión la maquinaria de contratación del consistorio y que provocaron que el jueves comparecieron la concejala de Patrimonio y Contratación, María José Solana, para defender la integridad de quienes gobiernan y animar a la oposición a acudir a la fiscalía. Solana sostiene que no todo vale en política. No le falta razón. Debe haber límites. Ante acusaciones tan graves hay que dar la cara y comparecer con el respaldo de pruebas. Y si se tienen, se denuncian ante los medios de comunicación, claro que sí, que son el nexo con la ciudadanía, ante la que tienen que rendir cuentas unos y otros. Quien acusa es quien debe demostrar, no quien se defiende.
