Las 72 limpiadoras de colegios afectadas por impago debido a la quiebra de la empresa Huarbec, adjudicataria del servicio, reclamaron ayer de forma individual y por escrito al ayuntamiento el pago de las retribuciones que se les adeuda correspondientes a febrero y marzo, además de la paga de beneficios y los atrasos del 2009.

Durante unos minutos colapsaron el registro municipal, donde cada una presentó una reclamación previa de cantidad, que es el primer paso para demandar al ayuntamiento ante el juzgado de lo social por impago si éste no contesta o desestima la reclamación.

También han solicitado el pago de las nóminas a Huarbec a través de la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC) de la Junta de Extremadura.

Según fuentes de la abogacía, el ayuntamiento podría ser considerado "responsable civil solidario", ya que hay abundante jurisprudencia al respecto. En este caso, la responsabilidad sería compartida con la empresa, sólo que las nóminas que se deben las pagaría quien tenga dinero en estos momentos. Luego, empresa y consistorio "arreglarían cuentas entre ellos".

Las fuentes consultadas consideran que "hay argumentos legales más que suficientes" para que el ayuntamiento se haga cargo de la deuda de Huarbec.

POSIBLES VIAS Desde los sindicatos también se trabaja en la búsqueda de una fórmula que solucione el problema a estas trabajadoras, no sólo para que cobren lo que se les debe sino para que puedan mantenerse en sus puestos de trabajo.

Por ello, CCOO y UGT están en contacto con los administradores judiciales para conocer cuándo se producirá el levantamiento del embargo que ordenará el juez en Madrid. Esto permitiría al ayuntamiento utilizar el dinero de las certificaciones que tenía pendientes de abonar a Huarbec, --que podrían ascender a 300.000 euros--, para abonar la deuda contraída con la Seguridad Social y las trabajadoras en Badajoz.

Al parecer, la deuda global de Huarbec con la Seguridad Social a nivel nacional es de un millón de euros y de 1,5 millones con Hacienda. Sin embargo, la cantidad que debe a la Seguridad Social por estas trabajadoras en la capital pacense se aproxima a 160.000 euros, más los salarios.

En el caso de que el ayuntamiento pudiera hacer uso del dinero de las certificaciones, Eulen (la nueva adjudicataria) tendría vía libre para hacerse cargo del servicio y la plantilla, con lo que las limpiadoras no perderían la antigüedad.

Este proceso podría durar no más de ocho o diez días. Mientras, las trabajadoras, entre las que hace estragos el desánimo, continúan acudiendo puntualmente a sus puestos sin cobrar.