Luis Hernández Díaz-Ambrona: «Tras lo visto estos años, el balance es positivo: el Estado de derecho funciona»

-¿Ha aterrizado ya como presidente de la Audiencia? ¿Qué le llevó a presentarse?

-Opté a la plaza porque es el cargo de mayor responsabilidad y para cualquier juez, progresar profesionalmente es digno de alabanza. Llevo 28 años de carrera, desde 1994, una trayectoria dilatada de servicio público, 5 años en la Audiencia, en Mérida, con lo que la conocía desde dentro y era la oportunidad para dar el paso. Y he de decir que me animaron muchos compañeros.

El aterrizaje está siendo satisfactorio, con nuevas responsabilidades, pero el grueso es jurisdiccional, seguir poniendo sentencias es el 90%. Vengo a una sección de la Audiencia, la Civil, que conozco porque he trabajado en ella. Es un reto, es la sección con más retraso y hará falta más empeño para ponerla al día.

-¿Meta o un paso más en un camino de mayor recorrido?

-Mis expectativas profesionales se ven colmadas. Si una cosa tuve claro desde que saqué mi oposición es que quería vivir en Extremadura, en Badajoz, y aquí, por encima de la presidencia de la Audiencia no hay nada. Nadie se va a cerrar a puertas, porque el siguiente paso sería el Tribunal Supremo; nunca te las vas a cerrar, pero me siento satisfecho y si cuando ya no sea presidente sigo en la Audiencia, encantado.

-¿Qué necesidades detecta? ¿Tiene un programa?

-El problema principal es, en primera y segunda Instancia, en materia de condiciones generales, hablamos de cláusulas suelos, gastos de hipoteca, etc. El Juzgado 2 de Mérida Bis, que lleva esta materia con competencia a nivel provincial, tiene un atasco de 3.600 asuntos, el trabajo de un juzgado de ese tipo a cinco años, con lo cual hay que reforzar ese juzgado para sacar esas demandas que además son de consumidores. Hay muchísima gente litigando y tienen derecho a que se les reconozca las cantidades que a lo mejor les han sido retenidas indebidamente. Y en la Audiencia hay una bolsa de mil y pico asuntos que se van a año y medio la resolución de los recursos. Con mi incorporación y un magistrado de refuerzo vamos a reducir ese retraso por ejemplo a un año. La solución es de largo recorrido, pero intentaremos que el tiempo de respuesta sea moderado.

Otras metas son la constitución de la Comisión Provincial de Violencia de Género, para aunar los esfuerzos de todas las administraciones y podamos hacer frente a las disfunciones que a veces se producen. Creo que ayudará en la lucha contra esta lacra.

-¿Se necesitan más juzgados, especializados en los delitos que más preocupan como de violencia machista, o económicos?

-La ratio provincial es razonable; hay materias y partidos judiciales en los que convendría crear nuevos juzgados. Hay una jurisdicción, la de Violencia de Género, que en Badajoz dispone de un juzgado; el resto de partidos no lo tienen pero sí uno con competencia exclusiva en esa materia. Ahí hay que insistir. Y en otras cuestiones, en Mercantil se necesita otro juzgado que ya se solicitó en su día.

Sí convendría multiplicar el de condiciones generales porque no puede asumir la cantidad de reclamaciones que hay.

-Viene usted de una familia de juristas en la algunos asumieron responsabilidades políticas. ¿Se ha planteado dar el paso?

-No, no. Tuve un abuelo que fue ministro, un hermano de mi padre que fue presidente de las Cortes, presidente del Supremo; yo no, soy un servidor público, me gusta mucho mi trabajo y no me lo he planteado.

-¿Forma parte de alguna asociación de jueces? ¿Deben tener los jueces derecho a la huelga?

-Soy de la Francisco de Victoria y sí que tienen un papel muy importante, representan a la carrera judicial y los derechos que hemos conseguido ha sido gracias al empuje de las asociaciones, que salvando las distancias son como los sindicatos del personal laboral o de la Administración.

Sí que se ha conseguido en los últimos años, independientemente del perfil e ideología de cada asociación, están actuando de forma común, jueces y fiscales, conseguimos trasladar mejor las reivindicaciones al ministerio entre todos. Al final, por más que tengamos carácter de autoridad, no dejamos de ser funcionarios. No hay norma, ni la Constitución lo prohíbe, que lo impida; en otros países está reconocido pero aquí ninguna ley lo reconoce expresamente, y si hay un principio general del derecho es que lo que no está prohibido, está permitido. Se han hecho huelgas y en la última, Justicia va a descontar el salario de quienes la hicimos.

-En su toma de posesión habló de alma y proporcionalidad. Y sentenció usted casos conocidos relacionados con animales y los derechos del consumidor. ¿Es una actitud personal, o hay una generación en la judicatura que puede cambiar las cosas?

-Sí. Ahora los juzgados trabajamos básicamente con consumidores. Hace 20 años, que existía esa normativa, no se había producido ese boom. Yo llevé algunos casos en que a lo mejor, por sensibilidad en materia de consumo, o identificado con esa problemática, tiré para adelante. Sí hay un sentimiento común en la carrera judicial y desde luego, en los últimos años lo que ha hecho la Administración de Justicia es tremendo, se han planteado muchas cuestiones prejudiciales ante tribunales europeos para reformar o eliminar preceptos de nuestro ordenamiento jurídico que estaban perjudicando al consumidor. La sensibilidad de los jueces es manifiesta

-¿Cabe la humanidad en la justicia?

-Sí, no solo cabe, esa perspectiva no la debemos perder nunca. Tenemos que huir de la indiferencia burocrática, no ser espectadores de lo que pasa por los juzgados, el expediente físico o digital tiene a muchas personas y dramas detrás. El día que perdamos eso, que pongan máquinas que lo harán mejor.

-Habla usted de obsolecencia de las leyes. ¿Cómo puede la justicia sintonizar con el resto de la sociedad y no ir por detrás?

-Va detrás porque juzgamos realidades sociales que ya se han producido. El conflicto surge y después llegamos nosotros. Es verdad que el legislador se adelanta al conflicto, porque como ha ocurrido más veces lo ha regulado. El problema es que hay otros nuevos, el último del Tribunal Supremo, el progenitor que tiene el uso de la vivienda con sus hijos menores se pone a vivir con una nueva pareja y eso supone la extinción de la atribución del uso; eso no lo regula la ley, esa hipótesis no estaba prevista, pero el juez tiene que resolver. Es verdad que la ley te dice que si hay una laguna se acuda a los principios generales del derecho para dar respuesta jurídica. En cierto modo, los jueces al final estamos creando derecho. Pasó con el tema de quién pagaba el acto jurídico de las hipotecas. Lo tuvo que lo resolver un juez. Es verdad que el legislador ya lo ha fijado. Y es lo que tiene que hacer.

También digo que la mayoría de decisiones que toma el Supremo cuando tiene que resolver un asunto que no está en la ley, cuando se convierte en ley, lo que hace el legislador es copiarlo.

-¿Tiene que cambiar el poder legislativo, el judicial, ambos?

-Cada uno tendremos nuestra parcela de responsabilidad y entiendo que a veces las situaciones nuevas el poder legislativo, y no es una crítica, es que es verdad, cuando hay que regular una materia, aunque aquí se usa mucho el decreto ley, esa no es la forma de crear las leyes; a veces se ha convertido la excepción en la regla; la regla es que haya deliberación, debate y eso puede llevar años. En ese ínterin los jueces tienen que seguir dictando sentencia. ¿Los jueces se convierten en legisladores? No, solo provisionalmente, hasta que salga la ley. Nosotros nos debemos a la ley y la ley prevé qué instrumentos tiene el juez para dictar una sentencia cuando ese instrumento no está previsto exactamente en la ley. Nosotros estamos sometidos al imperio de la ley.

-¿Hay judicialización de la política y politización de la justicia?

-La judicialización de la política la estamos viendo porque para bien o para mal se han dado situaciones reprobables, que no se pueden generalizar, pero sí asistimos a casos de políticos concretos que en su vida pública han cometido actos de corrupción y han llevado a que se abran los telediarios con juicios de personas que tuvieron puestos de gran responsabilidad. La justicia no está politizada, a nivel del ejercicio jurisdiccional, cuando celebra un juicio o pone una sentencia podrá tener presiones de la sociedad, pero se debe a la ley y la política no entra en juego, queda apartada. Lo que sí es mejorable es el órgano de gobierno del Poder Judicial, intentar buscar el espíritu constitucional de la primera Ley Orgánica del Poder Judicial, intentar que el órgano esté servido por profesionales imparciales, objetivos, que lo son en la actualidad, pero a veces las apariencias pueden dar sensación de que hay reparto de cargos. Se debe buscar una fórmula para que los nombramientos judiciales respondan al mérito y a la capacidad.

-¿Son inmunes los jueces a la presión de la calle, y de otros poderes; o mejor, es inmune la justicia a otros poderes?

--En el ejercicio de la profesión, el trabajo de un juez es de altísima responsabilidad; evidentemente, la sociedad tiene una voz; los medios de comunicación hacen una labor magnífica en materia de derecho a la información y eso, evidentemente, trasciende; no vivimos en una urna de cristal. Se habla de juicios paralelos, que son presiones sobre determinados jueces que deben resolver un determinado asunto, pero eso es implícito al cargo; la presión te puede venir de la sociedad, de los medios de comunicación, de grupos y con eso tenemos que convivir; es parte de nuestro trabajo y tenemos que estar preparado para ello. La presión social es una cosa, que luego haya presiones directas y tal, no se puede entender que eso exista.

-Hay sentencias que chocan con el sentir de la sociedad, casos de delitos sexuales, económicos, políticos. ¿Hay un problema o hay falta de información?

-Todos opinamos de cualquier materia. Para ser juez hay que estudiar una carrera, unas oposiciones, etc, es decir para ser jurista hay que tener una gran formación y evidentemente nosotros trabajamos al dictado de las leyes, con la ley que hay. Las leyes permiten interpretaciones y podemos estar en desacuerdo con las sentencia que dictemos; por supuesto que nos sometemos a la crítica, pero a la crítica a la sentencia, y si esa sentencia puede pecar de algo, para eso están los recursos. La posibilidad de que otros jueces vean el mismo asunto es porque se entiende que puede haber habido un error o una manera diferente de interpretar una norma y que hay que corregirla, para eso están los recursos.

Y luego, yo respeto todas las opiniones, pero tenemos uno de los códigos penales más duros de Europa. Tendríamos que poner muchas veces en perspectiva las condenas de prisión. Ayer mismo salía un hombre que mató a 51 personas, en Noruega; este sujeto que fue condenado por 51 asesinatos le han puesto la pena máxima del Código Penal noruego, 21 años de cárcel. Aquí dirían que es un hazmerreir. Hay que ponerlo todo en perspectiva. Yo entiendo que una cosa es lo que emocionalmente nos puede producir un determinado hecho y otra los efectos jurídicos que tengan, pero siempre hay que esperar a que terminen todos los recursos.

-¿Cree que hay tendencias a terminar con la división de poderes?

-Esa es la grandeza del Estado de derecho, que la ley tiene que ser respetado por todos, incluso por el que la crea, el que gobierna y ejecuta esa ley. Siempre puede haber tensiones entre poderes y en determinadas circunstancias quien gobierna, no le gusta lo que hace el poder judicial porque le revisa ciertas actuaciones que no son de su gusto.

Creo que acabar con la división de poderes sería acabar con la democracia y el Estado de derecho, con lo cual es inimaginable. Que haya tensiones, situaciones de conflicto, sí, se dan, pero al final y lo estamos viendo, nadie podía imaginar que alguien que fue vicepresidente del Gobierno acabe en la cárcel. También, en la época de los gobierno de Rajoy, con una gran corrupción, estábamos viendo que ese Gobierno, cuando la UCO realizaba operaciones tremendas en materia de corrupción, la dejaba trabajar.

Al final, después de lo visto todos estos años tenemos que tener un balance positivo y tener la satisfacción de que sí está funcionado el poder judicial y el Estado de derecho.

-¿Cuándo el traslado al nuevo palacio de justicia?

-No podemos ponerle fecha. los tiempos en la Administración son lentos y no sabemos si para final de año o principios del que viene. Es una incógnita.