No podemos tener una sanidad de diez con un presupuesto de cinco. La frase es del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ayer mismo en un foro económico en Badajoz. Pero con unas u otras palabras el problema que sufre el modelo sanitario de nuestro país se lo hemos escuchado a la mayoría de los presidentes autonómicos de cualquier signo político.
Se gasta mucho más de los que se presupuesta. Y así las cuentas no salen. El problema lo explican con toda sencillez los economistas: no hay economía familiar que soporte gastar más de lo que ganan al mes. Y las opciones son escasas y ninguna buena: o recortas gastos o te endeudas y te asfixias.
En el ámbito de la sanidad las soluciones son aún más complejas. Es materia sensible. Nada más y nada menos que nuestra salud. Y además es carnaza política. Le pasó a Monago en la anterior legislatura con el cierre de algunos Puntos de Atención Continuada ( PAC). Cualquier recorte en sanidad se convierte en una medida impopular que la oposición va a saber explotar convenientemente.
Fernández Vara tiene claro que no puede cometer ese error. Y opta por la vía del aumento de los ingresos no pagando el IBI de los edificios sanitarios a los Ayuntamientos. Una decisión que merma las arcas municipales y cuyas consecuencias se encargarán de explicar los alcaldes del PP a sus vecinos.
Por tanto es evidente que las Comunidades Autónomas tienen que llegar a un acuerdo con el Estado sobre cómo financiar la sanidad, pero no es menos importante un acuerdo político para no utilizarlo electoralmente y poder llegar un acuerdo sobre qué sanidad es la que realmente necesitamos.
