La Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) ha reunido hasta el momento más de 10.000 firmas de ciudadanos de Badajoz que solicitan una acuerdo institucional entre la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura que mantenga abierto el Hospital Provincial para atender a enfermos crónicos y de media estancia y, al mismo tiempo, se oponen a que se dé a este edificio cualquier uso distinto del sanitario y social.
La diputación es la propietaria del inmueble y la Junta es la que tiene las competencias, bien desde la Consejería de Sanidad o desde la de Bienestar Social. El presidente de esta asociación, Remigio Cordero, apunta que hay servicios de rehabilitación en Badajoz que se encuentran dispersos que financia la Junta, como de atención a enfermos de Alzheimer, de atención psicosocial, en instalaciones privadas por las que la Administración paga alquiler.
La recogida de firmas se está produciendo de manera "espontánea", entre ciudadanos que piden en el hospital los folios y los devuelven rellenos. Comenzó el 10 de febrero.
Para Remigio Cordero, la opinión mayoritaria en Badajoz es que el uso del Hospital Provincial debe ser sanitario, no hotelero y "parece que los responsables políticos tienen un poco distorsionada la imagen de la realidad". Por eso el presidente de la ADSP piensa que a la hora de elaborar los programas electorales se tendrá en cuenta la opinión de los ciudadanos.
El objetivo de la ADSP es entregar todas las firmas recogidas hasta final de marzo al presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Este colectivo quiere hablar con el consejero de Sanidad y con la de Bienestar Social, ya que no está perfectamente clara qué consejería debe mantener abierto este edificio, pues esta asociación está reclamando que el uso de este inmueble sea parecido al que tiene actualmente la residencia asistida de Cáceres o la Felipe Trigo de Don Benito-Villanueva, que depende de Bienestar Social. Hasta ahora Ibarra ha dicho que es la diputación la que debe pronunciarse sobre el futuro de este hospital, pero Cordero entiende que si la Diputación de Badajoz consiente que la Administración regional siga haciendo uso del edificio, es la Junta la que tiene que tomar una decisión, de hecho, es la que "tiene las llaves" a lo largo de todo el 2003.
