Junto a los cientos de voluntarios que trabajan de forma altruista en el traslado de ancianos, en guarderías o acompañando a enfermos y discapacitados, hay algunos chavales que colaboran en estas tareas no por iniciativa propia sino por decisión judicial.

Más de 400 menores de la provincia son "vigilados" por técnicos en la realización de algún tipo de servicio social y educativo, en beneficio propio o en beneficio de la comunidad, pero en cumplimiento de una sentencia. La gran mayoría son chicos y chicas que han cometido alguna falta o un delito menor y el juzgado de Menores le impone una medida judicial en medio abierto de acuerdo con las características del autor y su entorno.

La Consejería de Bienestar Social es la que se ocupa de la ejecución de la medida, para lo que suscribió hace seis años un convenio con Cruz Roja, que desarrolla el Programa de Ejecución y Seguimiento de Medidas Judiciales en Medio Abierto.

"Las medidas vienen definidas, las hay de tres tipos: tareas socioeducativas, tareas en beneficio de la comunidad o libertad vigilada, todas tienen como fin la reeducación del menos", según el psicólogo responsable de este programa, José Torrado, que trabaja con un equipo formado por cinco personas, entre los que hay educadores y trabajador social, que operan desde la sede de Cruz Roja, en la calle Museo, o se desplazan a los municipios de la provincia donde residen los menores.

Estos menores no solo desempeñan las tareas encomendadas en algunas onegé sino que también realizan otras de mantenimiento en alguna institución pública, donde hacen a veces trabajos de limpieza o ayudan en los servicios de parques y jardines. "En ocasiones se les obliga a colaborar en acciones socioculturales, como en la organización de una obra de teatro o en la fiesta de los Reyes Magos, sin que nadie sepa que lo que está haciendo es una medida judicial", según José Torrado.

ANALFABETOS En cuanto a las tareas socioeducativas, "tienen que asistir a algún curso concreto de búsqueda de empleo, de salud y sexualidad, talleres y también se les obliga a sacar el título de Secundaria", señaló. Para ello, se pone a disposición del menor todos los recursos disponibles normalizados, "él continúa viviendo con su familia, en su entorno, y nosotros le acercamos el recurso".

Los chavales que pasan por este programa proceden de distintos estratos sociales, pero si algo tienen todos en común es "el alto índice de fracaso escolar, se dan unos niveles importantes, muchos son chavales analfabetos, que no entienden lo que leen", según el responsable del programa. El 93% de los cerca de 400 menores que se atienden tienen un desfase o fracaso escolar y el 25% presentan un alto absentismo escolar, según la memoria del programa.

Aunque el 96% son varones, se ha apreciado en los últimos años un incremento paulatino de chicas infractoras. El pico más alto de edad son los 19 años, "esto significa que cometió la falta o el delito cuando era menor pero cuando ha empezado a cumplir la medida judicial ha superado la mayoría de edad".

DE HORAS A MESES Otro dato que llama la atención al responsable del programa, "es que cada vez llegan más casos de conductas violentas dentro del ámbito del hogar y la familia y que en estos chavales no hay índice de consumo de sustancias tóxicas más elevados que en el conjunto de los jóvenes".

Las medidas, que suelen tener una duración variable, de las 50 horas a los 14 meses, suelen cumplirse en su mayoría y aunque sus resultados son satisfactorios suele haber algunos casos en los que los menores reinciden y vuelven a cometer un hurto, una agresión o un daño al patrimonio.