En la barriada del Cerro de San Miguel existen entre 40 y 50 viviendas construidas fuera de la zona considerada urbana y por lo tanto en situación ilegal, según aseguró ayer el concejal de Infraestructuras, Alejandro Ramírez del Molino, que contestaba así a la denuncia de la concejala socialista Antonia Márquez Anguita, sobre abandono municipal. El edil popular afirmó que todas las calles ubicadas en terreno urbano están asfaltadas y las que no lo están es porque se trata de edificaciones ilegales, que en algunos casos están invadiendo el trazado de los viales.

El concejal mencionó incluso el caso de una vivienda que ha sido construida debajo de una línea de media tensión. Ante esta situación, Ramírez del Molino reprochó que haya vecinos que ahora reclamen a Sevillana, cuando la línea estaba ahí antes que sus casas.

Estas viviendas en situación ilegal se han construido "en varias épocas, la mayoría antes de que gobernase el PP", según Ramírez del Molino y se les ha abierto expediente. Aunque el concejal desconocía el dato de cuántas obras han sido demolidas o paralizadas desde que gobiernan los populares, sí dijo que "alguna se ha hecho".

LUZ En la zona más próxima a la carretera de la Corte existe una parte en construcción, de una promoción privada a la que corresponde la urbanización antes de obtener la licencia de ocupación. En la parte de las calles no asfaltadas, en las que el servicio de alumbrado incluso ha puesto puntos de luz, hay dos unidades de actuación: una en la que solicitaron la reparcelación y en otra no se ha hecho.

Estos terrenos están contemplados en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana como urbanizables "y en algún caso muy puntual habrá que hacer alguna demolición, porque están en la mitad del nuevo vial diseñado en el plan". Según el concejal se trata de edificaciones ilegales cuyos promotores no han consultado al ayuntamiento dónde podían construir. "Aunque se ha sido sumamente escrupuloso para adaptarnos a lo ya existe, como ocurrió con La Banasta" habrá que hacer algunas cesiones y demoliciones, "por lo menos parcialmente, para dar servicio al resto de la zona", dijo.

El concejal explicó que incluso hay propietarios que han conectado sus casas con el colector general, cuando en La Banasta tenían sus propias fosas sépticas.

El concejal criticó que ahora el PSOE venga pidiendo "grandes soluciones" a los "grandes problemas" que ellos crearon cuando gobernaban, pues fue el PP el que cuando llegó al ayuntamiento realizó actuaciones en una barriada que "estaba totalmente impracticable".

MAS ACUSACIONES Respecto a la afirmación de Márquez Anguita sobre que esta barriada sea considerada de primera categoría para el pago de impuestos, Ramírez del Molino la acusó de desconocimiento pues no existen diferentes categorías en función de la ubicación de las viviendas, sino que se paga según el valor catastral, tanto el IBI como la tasa de entrada y salida de vehículos. Pero además, el concejal del PP apuntó que en el caso de las viviendas ilegales, no pagan porque no están en el Catastro. Ramírez del Molino señaló que en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) sí existían diferencias en función de la calle en que estuviesen las empresas. "Todos los vecinos son iguales y todos pagan los mismos impuestos", recalcó.

El responsable de Infraestructuras quiso dejar claro que esta barriada disfruta de todos los servicios municipales, hay transporte urbano y es verdad que la basura se recoge en los contenedores situados a la entrada del barrio, que según el concejal, no están a más de 50 metros de la vivienda más alejada.